La dura vida de las hermanas de la calle Burgos

La fatídica historia de estas dos mujeres tiene un primer capítulo en 2018, cuando la familia propietaria del inmueble demostró 'necesidad' ante el juzgado para recuperar la vivienda. El juez dictó sentencia y llegó la orden de desahucio. «A partir de este momento comienza una carrera contra el tiempo donde lo que hicimos fue, esencialmente, alargar los plazos todo cuanto estaba en nuestra mano por la vía legal», explica el letrado que se ocupó de defender a las mujeres. Se recurrió tantas veces como fue posible, hasta el Tribunal Supremo; pero resultó inútil porque la cuenta atrás era inexorable. Y entre tanto, ninguna de las hermanas estaba dispuesta a abandonar el hogar. «No querían irse a una residencia, tenían miedo a perder sus cosas, a no estar a gusto», relata el letrado.

Fue él quien mantuvo largas conversaciones con ellas. Especialmente con la mayor, que era quien se hacía cargo de su hermana, que era ciega. «Les explicaba que lo lógico era que un día ella faltara y que alguien debería hacerse cargo de María de los Ángeles». El paso del tiempo se convirtió en algo angustioso para ellas. El día después de aparecer muertas en el piso, una vecina recordaba el episodio reciente en que la más independiente llamó a su puerta en un estado «de alta excitación y nerviosismo», y le pidió ayuda para su hermana. Cuando bajó a su piso lo encontró hecho un desastre, y a la otra postrada sobre la cama, sufriendo un ataque «por alguna sustancia ingerida, quizá una sobredosis de algún medicamento».

Consciente de que el procedimiento judicial no podría alargarse indefinidamente, el abogado de las hermanas acudió al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) para tratar de encontrarles una solución habitacional. «Cogí la documentación para formalizar la solicitud de dependencia, que era el paso previo para solicitar el ingreso en residencia». El documento debía adjuntar un informe médico, que debería realizarse en el centro de salud. «Les di los documentos y les expliqué que debían ir a su médico del centro de Isabel II. Que allí entregaran los papeles y que dijeran que necesitaban cumplimentar todo lo necesario y que luego me lo devolvieran para poder gestionarlo en el Icass». Pero nada salió según lo planeado.

El técnico de servicios sociales, «o quién sabe quién lo hizo», resolvió que las dos hermanas no eran dependientes. «Quizá evaluó si podían trasladarse por sí solas a un centro de salud, si podían hacer la compra o bañarse; pero no lo entiendo. Lo lógico, al verlas, es darse cuenta de que necesitaban ayuda». Los papeles, según el abogado, nunca volvieron a sus manos. «Los tramitaron desde el centro de salud y yo me enteré de que el expediente estaba archivado». No iba a haber ayuda y el tiempo seguía corriendo. La hermana mayor sufrió un accidente en las escaleras de la vivienda, con importantes contusiones. Y entre tanto, la fecha para el desahucio se acercaba mientras las puertas hacia las soluciones se cerraban.

Se puso fecha para la expulsión de las inquilinas: 19 de mayo, y la maquinaria se activó para buscar una segunda solución en el ámbito municipal. El letrado informó de la situación de las dos hermanas al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander. Unos técnicos acudieron a la vivienda y comprobaron que necesitaban ayuda urgente. Se aprobó el expediente de vulnerabilidad «y eso me sirvió para ganar un mes más», cuenta el abogado. Las hermanas nunca supieron que habían ganado tiempo porque el mismo día en que iban a desahuciarlas fueron encontradas muertas. Fuentes policiales aseguran que llevaban ya un tiempo fallecidas, probablemente más de dos semanas y que la mayor fue la primera en perder la vida. La otra, dependiente, murió poco después. «Ellas nunca llegaron a saber que se había pospuesto el desahucio, porque no pude comunicárselo», explica el abogado.

Tan pronto como supo que ganaba un mes, llamó durante días a las hermanas; pero no pudo contactar con ellas. «Llegué a pensar que no querían escucharme para no oír malas noticias». Decidió presentarse en la vivienda y aporreó la puerta. «Escuchaba el teléfono en casa cuando las llamaba y por eso me extrañaba. Así que en ese momento y como la mayor había tenido ese accidente en las escaleras, días atrás, pensé que igual estaba ingresada y que la otra había ido con ella». Preguntó en el Hospital Valdecilla pero nadie pudo informarle porque lo impide la Ley de Protección de Datos. «Pregunté entonces en el Icass y allí me confirmaron que no estaban ingresadas. Fue entonces cuando me temí lo peor».

El resto de la historia es más conocida. La imagen de los bomberos accediendo al inmueble por la ventana. La Policía Judicial llegando al lugar y la indignación popular y de las plataformas antidesahucios ante la sospecha de que las dos mujeres se quitaron la vida ante la encrucijada en que se había convertido su vida. Profesionales del Servicio Cántabro de Salud, que estuvieron presentes en el inmueble, corroboran este hecho; aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado.

Con independencia de que haya o no responsabilidades, lo que ha quedado patente es que el sistema no funciona correctamente para proteger a este tipo de personas que no cuentan con un apoyo familiar o con alguien que pueda dar la voz de alarma sobre su situación.

Cerca de 70.000 personas viven solas en Cantabria. Y de ellas, 29.600, un 43%, son mayores de 65 años, una realidad que se va agravando con el paso del tiempo. De hecho, hace cinco años representaban un 32% del total. Ademas de ser una situación cada ve más aguda, también conlleva un componente de género a destacar, ya que las más afectadas son las mujeres. Según los últimos datos de la Encuesta de Hogares del INE, el 55% de las mujeres que viven solas en la región son mayores de 65 años, y suponen cerca de 21.000. Entre los hombres esta proporción baja a la mitad: 8.900, un 27,9%. Este hecho se explica por la mayor longevidad de las mujeres, y así se justifica que el 70% de las mujeres de edad avanzada que viven solas sean viudas. A esta compleja realidad, que requiere medidas para atajarla y evitar que la vida sola se convierta en vida en soledad, hay que añadir los casos de personas mayores que ejercen de cuidadoras de otras en edad avanzada, especialmente cuando padecen algún tipo de discapacidad.