El 40% de los edificios antiguos de Santander aún no ha pasado la inspección obligatoria

Otras comunidades de vecinos, encargadas de presentar los llamados informes de evaluación en el Consistorio, se están demorando en la entrega. Hasta el punto de que cuatro de cada diez inmuebles antigüos no lo han presentado a falta sólo de cinco meses para que expire el plazo.

En los últimos tres años han pasado su ITV particular 1.579 edificios, pero todavía quedan 1.047 que no han acreditado su situación y deberán hacerlo a última hora si quieren cumplir la ley. Las viviendas señaladas se reparten por toda la ciudad, según la lista publicada en la web del Consistorio, aunque muchos de ellos se concentran en Cardenal Cisneros, General Dávila, calle Alta y Santa Lucía. Otras grandes bolsas se encuentran en Barrio Camino, Atalaya, Canalejas y Cajo.

Los incumplimientos de calendario son constantes desde que en 2014 entró en vigor la ley nacional que obliga a los inmuebles de más de 50 años a someterse a una evaluación de su estado. Primero se puso como límite el año 2015, pero después se amplió hasta enero de 2018 debido a la gran cantidad de viviendas que acumulaban retraso.

Más grave es el caso de las construcciones más antiguas, las que ya han cumplido los 65 años. Su plazo para presentar el informe se acabó el pasado mes de junio, pero sólo lo habían presentado entonces ocho de cada diez. Aún hay 318 edificios en la capital con esa edad que no han acreditado el estado de la construcción y la ausencia de problemas que puedan ponerle en riesgo. Por eso, el Ayuntamiento se ha visto obligado a ampliar el plazo seis meses, hasta el próximo diciembre, para que esas comunidades de propietarios presenten los papeles.

Solo un mes después de esa fecha, tendrán que haberlo hecho también los 1.130 inmuebles con más de cincuenta años. De momento sólo han elaborado el informe 401, es decir, el 35%. Todo apunta a que se volverá a incumplir el calendario marcado y se aprobará una prórroga.

Detrás de estos retrasos suele haber un problema económico. Son las comunidades de propietarios las que deben pagar la elaboración del documento, que debe contar con el visado de un colegio profesional, y las que deben hacer frente a los gastos de una hipotética reforma. Cuando hay un suspenso, es decir, cuando se encuentran patologías reseñables, los técnicos emiten un informe en el que se detallan los daños detectados y las medidas recomendadas para su reparación, además de la fecha aconsejable para el inicio de las obras, el plazo de ejecución y un presupuesto estimado. También se incluye el compromiso de los propietarios a acometer los trabajos. Si los edificios tienen problemas que afectan a la estructura la intervención debe ser inmediata, de lo contrario se podrá solucionar de forma paulatina, en la medida de las posibilidades de los vecinos.

De momento, seis de cada diez evaluaciones presentadas han recibido el visto bueno de los técnicos del Ayuntamiento. En el otro 40% se han detectado defectos en fachadas, cubiertas, humedades, reparación de estructura de madera en zonas húmedas del edificio e instalaciones

La normativa persigue que las fincas urbanas de mayor edad de las ciudades no se abandonen. Pero todos los expertos coinciden en lo mismo: es bastante habitual que las familias que pueden (económicamente hablando) se trasladen a edificios de construcción más reciente, con más comodidades, cuando en un inmueble se empiezan a detectar dolencias graves. De esta manera, suelen quedar en los más antiguos las personas con menos recursos (como regla general).

Hay un agravante más. Según el decreto aprobado por el Gobierno regional, se exige supervisar el estado de conservación, las condiciones de accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios con unos plazos de cumplimiento más exigentes que los establecidos por la legislación estatal. Por eso han existido también los aplazamientos.

Quedan excluidos de esta inspección técnica todos aquellos inmuebles que hayan sido declarados en ruina. En los últimos diez años, según la información facilitada por el Ayuntamiento, esto ha ocurrido alrededor de un centenar de veces en la capital.

Muchas veces no es necesario llegar a los extremos de tener que ordenar una demolición. Cuando el equipo de funcionarios que trabaja en este servicio detecta que un edificio comienza a presentar signos de dejadez, se notifica a la comunidad de vecinos la necesidad de llevar a cabo los arreglos. Si en un plazo que varía dependiendo del caso no se cumple la orden, el Ayuntamiento comienza a imponer multas coercitivas, que pueden ser hasta diez hasta que el Consistorio ejecuta subsidiariamente las obras con el dinero recaudado. Después, la factura se le pasa a cada vecino.