Una empresa gallega obtiene la máxima puntuación para hacerse con el contrato millonario de Parques y Jardines

Actualmente ya han finalizado los trámites administrativos pertinentes, con las puntuaciones de los servicios técnicos e informáticos, así como la valoración económica, pero antes de que se proceda a la adjudicación del contrato, es necesario el análisis de la viabilidad económica de la oferta presentada, ha aclarado la edil. Hasta ahora, las valoraciones de la propuesta han incluido la gestión informática asociada a la prestación de los servicios, los criterios medioambientales, las mejoras respecto a la plataforma de telegestión y control, la adecuación de las áreas de juegos infantiles y de los viveros municipales, y el precio ofertado. La empresa cuenta con un presupuesto de 9.662.209 al año, lo que supone una baja del 10,8% sobre el precio de licitación, que era de 10.545.645 euros anuales.

Rojo ha subrayado que el proceso se está ejecutando «con el mayor rigor y transparencia posible» y «hasta que los servicios técnicos no aprueben el estudio económico que ha aportado la empresa y se comprueben todas las garantías no se procederá a la propuesta de adjudicación».

Antes de llegar hasta aquí, el proceso de adjudicación se ha topado con diversos baches. Y es que el largo procedimiento de licitación se inició el 29 de agosto de 2017 y se resolvió, en principio, el 22 de noviembre de 2018, considerándose como la oferta mejor valorada –conforme a los criterios establecidos– la de la UTE Imesapi-Copsesa-La Encina. No obstante, al solicitarse la documentación acreditativa de la totalidad de los costes salariales de los empleados, se evidenció en los informes jurídicos y económicos un margen muy estrecho para atender el resto de obligaciones del contratista, por lo que se decidió elevar una consulta a la Junta Consultiva en abril de 2019.

A la espera de una respuesta para la consulta, el servicio de Intervención Municipal emitió un informe siete meses después donde se constataba el incumplimiento de la actual adjudicataria respecto al personal asignado a la prestación del servicio. Dicha circunstancia afectó a la licitación del nuevo contrato respecto a la formulación de ofertas en condiciones de igualdad, concurrencia y no discriminación, lo que no sería subsanable.

En enero de este año salió la licitación para el servicio con un presupuesto de salida que se elevaba a 43 millones de euros sin IVA. No obstante, cuando el proceso llevaba apenas un mes en marcha, el Consistorio se vio obligado a suspenderlo porque una empresa de control de aves –que se quedó fuera del concurso– presentó un recurso contra uno de los apartados que contemplaba el pliego de prescripciones técnicas. En concreto solicitaba que se licitase en otro contrato diferente esa parte del documento. Y no fue hasta mediados de marzo cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no aceptó dicho recurso al considerar fundamentada la necesidad de incluir ese punto en el pliego para controlar la presencia palomas, estorninos y gaviotas. Entonces se retomó el proceso que ya roza sus últimos trámites.