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Poco más de 200 metros separarían la Estación de Servicio de Nueva Montaña, ubicada en el número 1 de la calle La Peseta, de la que pretende levantar la empresa Progeral Ibérica al lado de El Corte Inglés, en la calle Francisco Tomás y Valiente ... 1A. Allí, en una gran parcela que ahora está vacía y llena de maleza, esta firma quiere instalar una nueva estación de servicio con centro de lavado. Así se ha dado a conocer después de que saliera a información pública el expediente de solicitud de licencia de actividad que publicó el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 30 de agosto. Una noticia que abre de nuevo el debate sobre la cantidad de gasolineras que tiene Santander y especialmente sobre la poca distancia que hay entre unas y otras.
Y es que esta última, de construirse, sería la quinta en la misma zona, entre Nueva Montaña y Peñacastillo, donde actualmente hay varias separadas por escasos 300 metros. Precisamente hace cinco meses el Ayuntamiento de Santander recibió otra solicitud para instalar una estación de servicio en el número 11 de la calle San Martín del Pino, junto al supermercado Lidl, una zona que ya cuenta con otras cuatro: la que se encuentra en Carrefour, otra a poco más de 100 metros que pertenece a la empresa Galp, también está Petroprix en la calle Faustino Cavadas y la estación de servicio BP en la calle Joaquín Salas.
Una saturación que no contenta ni a los colegios cercanos a las estaciones de servicio ni tampoco al propio sector de las gasolineras. De hecho, el presidente de la patronal, Jorge Benito, auguró hace un par de años, cuando aún la situación no era tan crítica, lo que hoy es una realidad. A su juicio, la capital cántabra cuenta cada vez con más zonas de grandes concentraciones de estaciones de servicio, lo que a la larga «no beneficiará a nadie».
Esa concentración propició que el anterior equipo de gobierno (PP-Cs) decidiera poner límite a este incremento, aunque lo hizo solo en zonas residenciales. Para ello, el Pleno aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la regulación de sus usos, necesidades y condicionantes. Una modificación que no incluye las zonas productivas, destinadas a industria. El problema es que hay centros educativos levantados sobre estas zonas, como el IES Cantabria, ubicado en La Albericia. Su comunidad educativa se movilizó para paralizar la construcción de una nueva gasolinera en el solar anexo al instituto, puesto que ya tenía otras tres muy cerca. A día de hoy, después de abrir incluso sin licencia y tener que clausurarse, funciona con normalidad tras conseguir todos los permisos.
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