El equipo de gobierno y la oposición se enzarzan a costa del presupuesto y las ordenanzas fiscales de Santander

Uno de las ordenanzas que más polémica generó fue la relativa a la supresión de la tasa de apertura para todos los establecimientos destinados al desarrollo de actividades industriales, mercantiles, comerciales o profesionales. La oposición se mostró en contra, salvo Vox, al considerar que «elimina la progresividad, perjudica a los pequeños comercios, al incorporar a los de más de 400 metros cuadrados, y supone una cantidad residual para el Ayuntamiento, que solo deja de ingresar unos 12.000 euros por este concepto».

La actualización del IPC en agua y alcantarillado salió adelante con los únicos votos del PP, entre las críticas de los grupos a una subida «desmesurada» de más del 13% en los dos últimos años que podría asumir el Consistorio en vez de repercutir a los vecinos o revisar este aspecto con Aqualia.

Por su parte, el concejal de Economía, Javier García, replicó a la oposición que «no queda más remedio» que aplicar el IPC al agua y alcantarillado porque figura en el contrato y «no podemos revisarla. No tenemos la culpa», concluyó.

Y sobre el impuesto de circulación, cuya modificación se refiere exclusivamente a la gestión, Emilio del Valle, de Vox, denunció que «se cobra el doble de que lo que permite la ley y es de los más altos de las capitales española». Por su parte, la socialista Paz de la Cuesta defendió un apoyo más intenso a los vehículos no contaminantes. Un hecho que atribuyen a la falta de presupuesto municipal, porque el Consistorio lleva ya dos años sin aprobar Presupuestos, y debe seguir con ellos prorrogados. No los de 2022, sino los de 2021, que contaban con 201 millones de euros en su montante global.

El otro tema de discusión fue a cuenta de las Cuentas Generales del pasado ejercicio. A juicio del portavoz del PSOE, Daniel Fernández, este documento es resultado del «caos presupuestario del PP, con 510 modificaciones el pasado año contable, y con una baja ejecución del presupuesto que, al ser mayoritariamente en nóminas, hace que solo se gasten uno o dos euros de cada cinco en mejorar la vida de los santanderinos», lamentó. En la misma línea se pronunció Felipe Piña, que tildó de «caos y trilerismo económico» la gestión del equipo de gobierno en los dos últimos años. El portavoz de IU-Podemos, Keruin P. Martínez, atribuyó a «la escasa ejecución del presupuesto de 2022 a la dejadez o ejecución del PP». Y añadió: «No se está invirtiendo en la ciudad pese a la «labor de enmascaramiento» en sentido contrario de los populares».