La evaluación de las políticas en Santander

Rendir cuentas a los ciudadanos de las acciones que realizan nuestros representantes públicos debe de ser una preocupación constante, al observarse que a menudo las políticas son objeto de múltiples cuestionamientos ya que no siempre su eficacia y eficiencia están justificadas y que sus resultados no están lo suficientemente explicitados, ni sus objetivos concretos expuestos, más allá de enunciados aproximados.

Este planteamiento, pone encima de la mesa una exigencia de transparencia y de honestidad intelectual a las que los políticos no pueden extraerse, porque parte de la crisis de la política y la desconfianza ciudadana en los partidos viene de las dudas razonables que puede haber sobre la utilidad y capacidad que tienen nuestros dirigentes para cambiar el rumbo de las cosas atendiendo el interés general de la sociedad, de la manera que lo hacen.

La evaluación no es un proceso que distribuye certificados de buena conducta a unos servicios y malos a otros. Estamos ante un proceso que vela por permanente mejora del servicio prestado al ciudadano. La evaluación de las políticas públicas por consiguiente es una herramienta a la disposición de las instituciones para cubrir este vacío y poder, mediante estas acciones evaluativas, explicar a la ciudadanía los resultados precisos cosechados. De tal modo que los mayores esfuerzos se concentren en las acciones que alcanzan satisfactoriamente los objetivos fijados.

Se trata de evaluar resultados y de ninguna manera de otra marca de control de gestión al uso. En efecto, el control de gestión y resto de mecanismos legales que existen en la administración están dirigidos a garantizar a la administración la legalidad de las acciones que se realizan. La evaluación de una política pública se preocupa de verificar los resultados, el valor de las acciones, si los objetivos se cumplen (eficacia), si los medios son suficientes (eficiencia)

Los funcionarios deben ser también beneficiarios de estas evaluaciones por lo tanto, si se les explica correctamente sus pormenores serán los primeros interesados que estos procesos se generalicen. En su trabajo día a día, ven los disfuncionamientos, los derroches o duplicidades, los pocos resultados efectivos, sin saber a qué se debe y como resolverlo. Además en los equipos de implementación de los programas evaluados, existe una dispersión y poco contacto analítico entre ellos. Pues bien una evaluación es la ocasión ideal para que el conjunto de los equipos intercambien con dignidad sobre las cuestiones de fondo del programa que tienen entre manos, y crezca su autoestima.

Si no se les explica bien, cosa que puede ocurrir, creen que ello les puede perjudicar personalmente y bloquean la posibilidad que pueda hacerse la evaluación. Esta es una de las razones por las que en España esta práctica no termina de extenderse. La evaluación muere de las contradicciones que existen entre el político y el funcionario, cuya jerarquía real y operativa entre ellos no está muy bien planteada donde se observa a menudo que quien de verdad manda es el técnico dejado al político a la zaga. Los intereses de los políticos y de los funcionarios ante la evaluación no son los mismos, pero pueden ser compatibles

Tampoco hay que subestimar el hecho que la evaluación de las políticas públicas mejora la calidad del debate político público, porque a menudo se observa que este gira en torno a la veracidad de los hechos, la autenticidad de los datos disponibles. Hay discrepancias sobre el alcance real del paro por ejemplo, o sobre si tal o cual política han tenido resultados favorables o lo contrario. En lugar de propiciar debates de opinión sobre alternativas y soluciones se debate mucho más sobre los hechos, evitando un intercambio democrático más productivo sobre las soluciones.

Si es cierto que esta propuesta no las tenía todas consigo, ya que los socialistas en los ayuntamientos importantes que gobiernan en la región tampoco la han implantado aun, aspecto este, que los opositores a la evaluación en Santander no se privarán en recordarles.

Cuando se quiere implantar la evaluación no se parte nunca de cero. La administración acostumbra a reunir datos, estadísticas, elabora informes anuales por cada programa, informes de legislatura. Toda esa masa de conocimientos dispersos son los mimbres con los que se construiría metódicamente el proceso evaluativo y en ese sentido Santander no partiría de cero en materia de evaluación.

Cada vez la administración se va a ver solicitada por nuevas y mayores misiones a las que siempre no podrá atender en su totalidad por la escasez de presupuestos a su disposición. Luego, se impondrá discriminar las políticas que funcionan de las que no lo hacen y para no caer en decisiones arbitrarias e injustas, habrá que contrastar los resultados de cada una de ellas.

Las evaluaciones evitarían reconducir las políticas, si se demuestra que no cumplen con las expectativas que se ponen en ellas o evitaría que un programa desaparezca aunque haya sido creado por tu adversario político, porque ha quedado demostrado que sirve y que es eficiente.

En resumidas cuentas, nada que no sea de sentido común, y sin embargo esta propuesta ha sido rechazada sin contemplaciones. Decepcionante.