La PAH exige que plan de vivienda de Santander sea consensuado con la sociedad

La PAH exige en una nota de prensa que «esa definición de lo que es una vivienda social debe ser acorde con las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas».

Pide como cuota máxima de alquiler social un 30 % de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si superan el SMI, y un 10% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos servicios básicos, si no superan el SMI.

También considera que toda vivienda construida por el Ayuntamiento «debería ir dedicada a alquiler social, no a alquiler con opción a compra», y ser otorgada por orden de urgente necesidad según informe de los Servicios Sociales, priorizando las familias que corren riesgo inminente de desahucio.

«La PAH va a seguir luchando por la suspensión de los desahucios de familias que no tienen alternativa habitacional; ocupan pisos de bancos y/o grandes tenedores que especulan con la vivienda (nunca de propietarios particulares) y corren riesgo de tener que vivir en la calle», dice la plataforma.