El expediente sancionador de la calle del Sol debe concluirse para el 7 de febrero

Los seis meses no han dado, sin embargo, para que la instructora del expediente sancionador que abrió el Ayuntamiento de Santander termine su trabajo. Pero el periodo de instrucción vence el próximo 7 de febrero. Si para ese día no se ha concluido, la investigación se podrá prorrogar otros tres meses, señalaron fuentes municipales. Para levantar este expediente ha pedido información a todos los implicados, aunque tiene en el punto de mira a dos empresas (Dos Imanes Producciones y Millán-IC Multiservicios) y a un director de obra, debido a que las primeras pesquisas internas del Ayuntamiento concluyeron que pudo haber «un exceso de obra» en la reforma de un local que estaba llevando a cabo un conocido hostelero local.

A todos los santanderinos, el derrumbe les ha costado a día de hoy unos 228.368 euros. Se pagaron 186.699 euros a la empresa que realizó la demolición, el desescombro y la consolidación del edificio en un primer momento. Otros 22.322 euros se repartieron en ayudas a las familias perjudicadas, en tanto que 16.697 euros más fueron los honorarios del experto en estructuras. 2.650 euros más cobró el coordinador de seguridad y salud. Aún habrá que desembolsar 350.000 euros por la obra de consolidación que está en marcha. De momento estas cantidades corren por cuenta del Ayuntamiento, que tiene intención de repercutirlo a los responsables del siniestro cuando se determine quienes han sido.

A lo largo de estos seis meses, Gema Igual y César Díaz (alcaldesa y primer teniente de alcalde) han mantenido reuniones periódicas con los afectados, a los que se ha ido informando de todos los pasos que se deban, algo que los tres vecinos consultados valoran muy positivamente. «Gente de otros partidos ni se ha acercado a preguntarnos», lamenta uno que no quiere dar su nombre.

Pero este tiempo también ha supuesto un sufrimiento inconmensurable para las cinco familias que se quedaron sin sus casas y todo lo que les enlazaba con su pasado. También están con el alma en vilo los cinco propietarios a la espera de recuperar sus pisos en esa zona central que se está asegurando. Si todo sale como está previsto, podrán volver para junio.

Hoy, en el edificio, sólo existe autorización para ocupar la franja de viviendas más alejada de la rotonda, aunque sólo tres están abiertas. Dos de ellas están alquiladas mientras que en la tercera vive la familia de Mar López, la primera vecina que volvió «sin miedo» tras el siniestro.

Quienes residían allí (varios pisos de los 15 estaban cerrados o en renta) se han ido apañando como han podido. Los dos vecinos de más edad (ambos hombres que viven solos) han encontrado salidas muy distintas: uno se ha instalado de alquiler en un bajo enfrente de la que era su casa para no perder contacto con su entorno vital. El otro sigue viviendo en el Centro de Acogida Princesa Letizia, al que llegó con la urgencia del primer momento y cuyo techo no ha querido abandonar. Alguna familia se ha instalado en su segunda residencia en un pueblo cercano a la capital.

Carolina Sánchez, la propietaria que dio la voz de alarma que provocó el desalojo a la carrera del edificio el 19 de julio –sólo nueve horas antes de que se cayera un lado– dice que el verano de 2017 «fue horroroso para todos. Al principio estás muy desorientado porque los seres humanos podemos aceptar la enfermedad y la muerte, pero nunca te planteas que se te pueda caer la casa y quedarte literalmente sin nada. Con el agravante de que otros que se ven en la calle tienen que aceptar que fue por incendio o inundación o cualquier otra catástrofe y dicen ‘mala suerte, me tocó’. Pero lo nuestro ha sido por mala fe o por negligencia y eso nos hace sentir muy impotentes». Ella ha conseguido volver de alquiler al mismo edificio del que salió con lo puesto: «No quería abandonar el barrio». Allí esperará a ver reconstruida su vivienda, «aunque todo va muy lento, demasiado».

El que ha retornado totalmente a la normalidad ha sido el dueño del taller de tatuaje Alma Mater, David Poncela. Ha recuperado el ritmo del negocio y, aunque estuvo cerrado dos meses «por obligación» y las cuentas se resintieron, logró una subvención municipal para los gastos de alquiler de esos dos meses «que algo nos ha ayudado».