Las familias del centro de atención a niños de La Albericia defienden a los educadores y niegan los malos tratos

Padres y madres de los niños del Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de Santander han asegurado hoy, en una carta a los medios, que sus hijos «jamás» han sufrido malos tratos en la guardería y han expresado su apoyo y su confianza en este centro y en su personal.

Una de las madres que firma la carta, María Pereira, ha dicho a Efe que la denuncia por supuestos malos tratos en el comedor de la guardería, que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3, «ha sentado muy mal» entre las familias, la ha achacado a problemas internos entre los trabajadores y ha subrayado que no hay nada más que ver el cariño que demuestran los niños a sus profesores y educadores para saber que no es cierta.

También los sindicatos CSIF y SIEP han salido en defensa del centro y de su personal, han pedido responsabilidad y han lamentado la alarma social que se creado con esta denuncia, que ayer fue dada a conocer por IU y que está investigando el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander.

Las familias dicen en su carta que quieren comunicar a la población que el CAPI es «un centro de referencia» al que acuden y han acudido sin haber tenido nunca «el menor atisbo de sospecha» y que sus hijos, que van a la guardería «con buenísima actitud», jamás han tenido lesiones ni han sufrido vejaciones o malos tratos.

Su portavoz ha explicado a Efe que oyó hablar de esta denuncia hace ya un tiempo pero nunca se creyó nada . «Lo único que decimos es que los niños no mienten cuando acuden la guardería, y que quieren mucho a sus educadores«.

Esta madre empezó a llevar a su hijo al centro cuando tenía cinco meses, ahora tiene dos años y medio, y asegura que el niño quiere tanto a su educadora, a la que besa cuando llega y cuando se va, que a veces ni siquiera se quiere ir a casa cuando va a buscarle.

También han pasado por la guardería dos sobrinos suyos y uno de ellos, que ya va al colegio, vuelve al centro con frecuencia para ver a los educadores porque tiene «muy buen recuerdo».

«Ha sentado muy mal la denuncia, lo primero porque la gente pensará qué a que clase de guardería llevamos a nuestros hijos, cuando yo pienso que es una de las mejores que hay en Santander «, dice.

Según la portavoz de las familias, muchos de los padres y madres de los 85 niños que acuden a la guardería, la mayoría, han querido trasladar con su carta su malestar y tienen previsto reunirse para decidir qué más van a hacer para apoyar a unas personas a las que están dispuestas a defender «a capa y espada».

«¿Hay 85 niños en el colegio y ningún padre se ha dado cuenta? Nosotros mejor que nadie conocemos a nuestros hijos«, ha subrayado.

El sindicato CSIF ha afirmado que los centros de atención a la primera infancia (CAPI) son un referente en Cantabria y son atendidos por personal cualificado con una función educativa y social, con la supervisión y colaboración de la dirección del centro.

Destaca que son muchos los usuarios que han utilizado estos servicios y que sus profesionales cuentan con estudios que les facultan para realizar sus funciones tanto en los aspectos educativos, como en la atención de las necesidades físicas básicas y para educar en la adquisición de hábitos de vida saludables.

«Crear una alarma social y ensuciar el buen nombre de estos centros es una falta de responsabilidad, tanto con la sociedad como con los trabajadores que realizan una labor encomiable en estos centros, como con las familias que hacen uso de estos servicios«, afirma en un comunicado.

Para SIEP no se puede permitir que se ponga en duda la profesionalidad del personal del CAPI ni la atención que se presta a los niños, para los que es «un privilegio» estar en centro del Gobierno de Cantabria donde son atendidos por profesionales, «con un ratio de personal superior al exigido por la norma y unas dependencias con unas prestaciones y condiciones inigualables».

Subraya además que nunca han existido denuncias por maltrato y que un equipo de atención temprana dependiente de la Consejería de Educación lleva 25 años acudiendo al centro, además de personal de programas de medidas en medio abierto, remitido por otras instituciones, sin que nunca haya habido denuncias ni quejas.

A su juicio, en un estado de derecho cualquier ciudadano puede presentar una denuncia que un juez resolverá y habrá que depurar las responsabilidades que proceden, que también asume quien denuncia «hechos falsos».

SIEP pide responsabilidad y que se evite crear alarma social por «otros intereses que nada tienen que ver con el bienestar y la atención de los menores» y traslada a los responsables políticos que cuando existan discrepancias en los centros o cuestiones personales que afectan a lo profesional hay que resolverlas y «no mirar para otro lado».