La feria de marcas abre la polémica por el aviso del comercio local de «infracciones» de la promotora

Los comerciantes han enviado los datos que recogen incidencias y sanciones de las diferentes sociedades con las que opera la agencia que está detrás de la feria junto con una carta en la que piden al Consistorio que lea y analice la información y solicitan que, de verificarse las incidencias, se adopte una «decisión urgente» para no permitir la celebración de una feria que, subrayan, ocasionará «el cierre de muchos comercios».

A falta de una semana para su inicio «queremos que lo analice la alcaldesa y que reflexione sobre lo perjudicial que va a ser. El sector le estaría tremendamente agradecido», reconoce Rincón. En la misiva, los comerciantes también ponen en duda la calidad de la mercancía a la venta en la feria que traerá firmas de moda con descuentos de hasta el 80%.

Al respecto se han pronunciado desde el departamento de comunicación de la agencia TCMedia en la que se incluye, entre otras, la sociedad Brunite Pinares S.L. a la que se ha alquilado el edificio. Según la entidad, la información que los comerciantes han facilitado al Ayuntamiento «es falsa». «Abrimos las puertas a los inspectores para que comprueben la mercancía», indican. Y consideran el resto de documentación una forma de «difamar» el evento porque, cuentan a este periódico, no es la primera vez que se topan con el problema. Los datos los envía «una persona que se quiso asociar y ser organizadora» en una de las citas celebradas. Un conflicto que está ya en manos «de nuestros abogados».

Lo cierto es que la polémica que rodea a la llegada de la feria no se reduce a la entidad promotora. También afecta al contrato. Así, a la denuncia de los comerciantes se sumó la de Rafael Sebrango, coordinador de la Agrupación de Ciudadanos Santander, que urgió a la alcaldesa a suspender el evento porque «incumple» las ordenanzas. En concreto, señala «que se alquila un espacio público incumpliendo frontalmente las normas municipales». Se refiere a la ordenanza publicada en el BOC (número 149, de 6 de agosto de 2013) que regula la venta ambulante en espacios públicos multiusos.

Para Sebrango «resulta patente» que la ordenanza comprende el uso del Palacio de Exposiciones, pero «lo peculiar», dice, es que la autorización del Ayuntamiento requiere un informe previo de la Cámara de Comercio, asociaciones empresariales y asociaciones de comerciantes locales, un requisito que «no se ha cumplido» por «la dejadez y el desapego a los intereses de la ciudad». También menciona el arrendamiento del espacio por parte de la empresa porque en la oferta lanzada para captar participantes en el evento indican que el pago de las distintas cantidades incluye, «en primer lugar, el alquiler del suelo», que es «precisamente lo que impide la Ordenanza Municipal».

Una acusación que tampoco se quedó sin respuesta. La explicación la dio la Empresa Municipal de Turismo a la que está adscrito el Palacio de Exposiciones de Santander, cuyo portavoz explicó que «puede promover cualquier tipo de actividad compatible así como comercializar dichos espacios» y que para ello existen, además, una serie de tarifas públicas. En este sentido indicaron que cualquier empresa promotora puede alquilarlos y que su papel es «velar por el estricto cumplimiento de la legalidad» algo que se respeta porque la Feria del Outlet «cumple con toda la legalidad vigente».

Además, desde la dirección del Palacio se han puesto en contacto con otras instalaciones que han acogido ya este evento y «todos indican que en ningún momento se ha demostrado que vendieran nada ilícito», subraya para zanjar la denuncia sobre falsificaciones. No obstante, el sector insiste en que este evento «va a arrasar» en ventas y que las compras en estas fechas afectarán al comercio minorista. «Nos destroza», coincide Agustín Ordejón, gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander. Y se suma a la petición de valorar «el daño que hace» al sector.