Finaliza el vaciado de la antigua Residencia y se apuntalan las zonas más deterioradas

Unas labores que continuarán en otros puntos sensibles y que también incluyen la mejora de fachadas en algunos de los edificios del complejo sanitario que rodean a la Residencia. El SCS da este paso a instancias del Ayuntamiento de Santander. Tras una inspección, el Servicio de Obras municipal realizó un informe en el que avisaba del riesgo para la seguridad de las personas que transiten por el perímetro debido a episodios como la caída de placas cerámicas. Eso derivó en un expediente por parte del departamento que dirige el primer teniente de alcalde de la capital, César Díaz, en el que se exigía al SCS que actuara de urgencia ante el «deterioro generalizado del conjunto». Y en eso se puso. Tras redactar el proyecto, los operarios ya se encuentran trabajando sobre el terreno.

Además de los desprendimientos, se detallaba que en las últimas plantas de la zona noroeste la red de protección que fue instalada en su momento ante el riesgo de caída de paneles de aluminio presentaba un deterioro en la sujeción al soporte. El riesgo radica en que, aunque para evitar el acceso peatonal al edificio -se han sucedido intentos de saqueo y entrada de intrusos- se instaló un vallado perimetral en casi su totalidad, existen zonas sin tapiar o en las que la altura «es insuficiente para garantizar su finalidad».

Todo eso es a lo que ahora se quiere poner remedio -al menos de forma provisional- con unos trabajos que han coincidido con la finalización del vaciado de la Residencia. Ayer mismo concluyó la retirada de todo el material que permanecía en su interior desde su clausura en mayo de 2016. Se trata de una actuación que ha costado 170.000 euros y que servirá también para minimizar el riesgo de incendios o de otros accidentes a causa de la entrada irregular de intrusos en un inmueble que, en los últimos cinco años, ha sufrido diversos episodios de saqueo.

Ampliar

Esta actuación se ha hecho igualmente a instancias de un informe de los técnicos del SCS, que avisaron de un «riesgo potencial de incendio». Según reconoció el Gobierno de Cantabria -aunque el propietario del edificio es el Ministerio de Hacienda, la comunidad autónoma tiene transferido su uso desde 1968-, en el interior existían aún componentes como colchones, utillaje, aparataje y consumibles, «que resultan potencialmente susceptibles de actuar como elementos que faciliten la rápida expansión del fuego dentro del edificio». Tras realizar una consulta previa al mercado, el Servicio Cántabro de Salud decidió incluir también en el contrato la retirada de todos los enseres, equipamiento, mobiliario, puertas de madera, vidrio, papel, cartón y consumibles que se encontraban en cada una de las estancias.

Ambas actuaciones tiene que costearlas Cantabria y no el Estado, el propietario de la Residencia. Es así porque el Gobierno regional, una vez finalizado el trasladado de todos los servicios a Valdecilla, no ha devuelto la cesión al Ministerio y sigue haciéndose cargo también de los gastos de luz o seguridad. No lo ha hecho porque aunque no utiliza el edificio principal, sí los anexos. El pasado invierno, el Ejecutivo reconoció en el Parlamento que no hay planes concretos a corto plazo para el inmueble y reclamó al Estado que acometa el derribo.