El fiscal da un mes al Ayuntamiento de Santander para que cambie el nombre a 16 calles franquistas

Yáñez insta a Igual a cumplir los acuerdos aprobados por el Pleno municipal en agosto de 2015 y mayo de 2016 sobre la modificación del callejero. De hecho el escrito del fiscal hace referencia a 18 calles, según aquellos acuerdos, si bien dos de ellas ya han sido cambiadas Columna Sagardía y División Azul, y Alcázar de Toledo, aunque aún no se ha hecho efectivo el cambio ya tiene designado otro nombre, calle de Las Ánimas. También lamenta el fiscal «la inactividad» de la Administración municipal al no ejecutar sus propios acuerdos (el primero de ellos se acordó hace diez años) para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de memoria democrática y entiende que el Ayuntamiento «se ha situado de forma consciente y deliberada en una posición inadmisible de rebeldía frente al cumplimiento de la ley».

En el escrito de la Fiscalía, se considera que desde la perspectiva de los servidores públicos «resulta especialmente grave la transgresión publica de la ley mediante acciones, omisiones, dilaciones o transformaciones absolutamente injustificadas». Considera que, en línea con lo anterior, «los honores a criminales fascistas que al día de la fecha mantiene el Ayuntamiento de Santander repulsan abiertamente el derecho de reparación de las víctimas del franquismo». Además, recuerda que la Ley de Memoria Demócratica fija un régimen sancionador «para acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones». Las sanciones, según recoge esta ley, van desde los 200 euros (las más leves) a los 150.000 euros (las muy graves).

Yáñez insiste en que el cumplimiento de la ley «no es una opción que atribuya a los particulares o a los poderes públicos una facultad en función de sus apetencias, ideología, creencia u oportunidad política, sino que dicho cumplimiento responde a un norma constitucional sobre la que se construye toda nuestra existencia como Estado democrático de derecho». Dado, según señala, que los servidores públicos tienen «una obligación o exigencia reforzada en cuanto al deber de cumplir y hacer cumplir la ley», considera el fiscal que el caso del Ayuntamiento de Santander resulta «especialmente anómalo e injustificado».

Esta reclamación se produce después de que, en febrero de este año, representantes de cuatro organizaciones memorialistas: Desmemoriados - asociación para la recuperación de la memoria Colectiva-; Héroes por la República, Archivo Guerra y Exilio de Cantabria, y Memoria de Laredo reclamasen ante la Fiscalía la intervención del titular de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria para que realizara las gestiones oportunas a fin de obligar al Ayuntamiento de Santander a que cumpliese con la legislación.

También en junio de 2024 se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cantabria por presunto delito de prevaricación contra el Ayuntamiento de Santander al no acceder a retirar del callejero municipal los nombres del Paseo del General Dávila y de la calle Camilo Alonso Vega, por entender que estas nomenclaturas infringían la Ley de Memoria Democrática.