La Fiscalía, a la espera de que la jueza resuelva su petición sobre los agresores del Torres Quevedo

Según informaron ayer a El Diario Montañés fuentes cercanas al caso, la pasada semana la fiscal de menores tomó declaración a los cuatro alumnos investigados y a la directora del centro educativo para que ofrecieran sus versiones sobre lo sucedido y ayer, lunes, hizo lo propio con la madre de Antonio, que se personó con un abogado en el procedimiento después de renunciar previamente a otro con el que había contactado en días antes.

Como ya informó el pasado viernes la Sección de Menores de la Fiscalía cántabra, los cuatro alumnos implicados en los hechos están investigados por posibles delitos de lesiones o maltrato de obra –que se caracteriza por actos de violencia que implican un trato vejatorio, humillante o denigrante hacia otra persona, pero sin causar lesiones corporales visibles o de consideración– y de discriminación.

Como medida cautelar, la Fiscalía de Menores solicitó para los cuatro investigados alejamiento del menor perjudicado respecto de su persona, domicilio y centro de estudios y la prohibición de comunicación por cualquier medio y hasta que se ponga fin al proceso.

Dicha petición se tiene que resolver conforme a la 'Ley del Menor. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero', una vez oídas las defensas. Y tras este trámite la partes esperan la decisión final del Juzgado de Menores, que podría llegar este mismo martes.

En cualquier caso, lo cierto es que los cuatro alumnos investigados no han acudido al centro educativo desde que el pasado jueves la madre de Antonio denunciara lo ocurrido y el vídeo que sustenta la denuncia se viralizara. No obstante, «tienen garantizado su derecho a la educación», según aclararon ayer a este periódico fuentes del Gobierno de Cantabria.

Aun así, antes de que se hiciera público el caso y después de su expulsión del centro durante cinco días, los cuatro investigados han convivido con Antonio en el mismo aula, circunstancia con la que fue muy crítica la madre de este alumno. «No es justo que mi hijo conviva en la misma aula con esos niños, no tiene ninguna explicación».

Vita no entiende que presentar una denuncia por la vía penal impida al IES Torres Quevedo o al Gobierno regional proseguir con el procedimiento disciplinario ordinario frente a los presuntos responsables de la agresión. «Los protocolos no funcionan», consideró.

Una opinión compartida por el Parlamento de Cantabria teniendo en cuenta que ayer hizo una declaración institucional en la que sentenció que «resulta inaceptable que cualquier estudiante tenga que convivir con sus agresores en el mismo entorno educativo», aunque se hizo ninguna mención sobre una posible modificación del decreto que regula la convivencia escolar en Cantabria, cuya última versión data de 2017.

La Cámara regional condenó de manera «firme y rotunda» cualquier forma de acoso escolar y, en especial, los actos de violencia sufridos por Antonio. A su vez, consideró que este lamentable suceso «recuerda la urgencia de actuar con contundencia y celeridad contra el bullying en todas sus manifestaciones».

La presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, fue la encargada de leer la declaración institucional al inicio de la sesión plenaria celebrada ayer. «El acoso escolar no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada de violencia física, verbal o psicológica que atenta contra la dignidad, la integridad y el bienestar de las víctimas, y que supone consecuencias devastadoras».

Asimismo, reafirmó el compromiso de la Cámara regional con la infancia y la adolescencia y el apoyo a «la implantación de programas educativos que fomenten la convivencia, la tolerancia y el respeto, así como la formación del personal docente y el respaldo a las familias en la lucha contra el acoso escolar». Y manifestó el rechazo absoluto a cualquier forma de violencia en las aulas y hacen un llamamiento a toda la sociedad para que se implique en la erradicación de esta lacra.