La Fiscalía dice que «el Ayuntamiento miró hacia otro lado» en el caso de acoso a una policía

La Fiscalía considera que el Ayuntamiento de Santander «ha mirado para otro lado» ante el supuesto acoso laboral a una agente por parte del mando de la unidad de vigilancia y protección de víctimas de violencia de género de la Policía Local e incluso les mantuvo trabajando juntos una vez abierto el procedimiento penal, en lugar de haber apartado a uno de los dos.

Así lo ha afirmado la fiscal en sus conclusiones durante el juicio que hoy ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que ha mantenido su petición de un año de cárcel para el mando policial, además del pago de una indemnización de 16.050 euros, de la que cree que tiene que responder el Ayuntamiento como responsable civil.

La defensa, que reclama la libre absolución del acusado, ha insistido en que la agente es «una persona conflictiva», que ha tenido problemas con todos los compañeros con los que ha trabajado, y ha argumentado que una situación de conflicto laboral no puede ser equiparable a un delito de acoso laboral, que, según el abogado del sargento, nunca existió.

Para el Ministerio Público, la agente era «una persona incómoda» en la unidad que ha acabado sentada en la sala de vistas porque su sargento quería que se fuese, pero ella «decidió no doblegarse».

Entiende que en este caso se dan los elementos necesarios para que los hechos sean tipificados como un delito de acoso laboral y que, aunque el ambiente de tensión que se vivía en la oficina pudo haber influido en el trastorno depresivo por el que estuvo de baja y recibió tratamiento, este se debió a la violencia psicológica a la que fue sometida por su jefe.

Cree que esa violencia fue «aumentando de volumen» en la reunión que convocó el sargento en el Barrio Pesquero, después de que la agente expresara su disconformidad con el seguimiento que se estaba haciendo a las víctimas de violencia de género y tuvo un «hito determinante» en la denuncia que interpuso la policía por la desaparición de su teléfono móvil, que dio lugar a un informe de su superior «con un contenido claramente humillante y degradante«.

Ha apuntado además que ella era la única a la que se exigía un comportamiento diferente al de sus compañeros que «implica un hostigamiento», al tener que comunicar a un superior que salía a tomar café, y era objeto de «propuestas de sanciones arbitrarias».

La fiscal ha afirmado que nunca ha entendido la postura del Ayuntamiento de Santander en este caso, porque no «puso freno» a la situación desde que en 2014, fuera o no víctima de acoso, pidió ayuda. Como no la recibió, ha relatado, acudió a la vía penal y «el Ayuntamiento siguió mirando para otro lado», ambos siguieron juntos y se siguieron incoando partes.

La acusación particular, que ha hecho suyas las conclusiones de la fiscal, cree que «llama poderosamente la atención» que después de abrir un expediente en 2014, siga abierto a día de hoy y que el Ayuntamiento no comprobase como estaban funcionando las medidas correctoras que se plantearon entonces.

Esta parte pide para el sargento seis años y tres meses de cárcel, inhabilitación y multas que suman 5.700 euros, además de una indemnización de más de 17.000 euros, de la que responda el Ayuntamiento como responsable civil, al sumar en su petición de pena los delitos de lesiones, infidelidad en custodia de documentos y falso testimonio.

El abogado del Ayuntamiento ha rechazado que el Consistorio mirase hacia otro lado como mantienen las acusaciones. Ha subrayado que abrió un expediente y que el técnico municipal de prevención de riesgos laborales concluyó que no se había producido ninguna conducta de acoso.Según este letrado, si esa fue la conclusión del técnico, no sabé que más actuaciones puede llevar a cabo el Ayuntamiento.

La defensa ha señalado que sería «un despropósito» que se condenara a alguien por ejercer sus facultades de mando ante un subordinado que plantea problemas y ha argumentado que nunca puede confundirse una situación de acoso laboral con un conflicto laboral. Ha apuntado que al Jefe de la Policía Local le parecieron razonables los partes sobre la agente que le remitía el sargento, que, ha subrayado, no tiene competencia para expedientar.

La defensa ha incidido en que la policía ha tenido malas relaciones con otros miembros de la unidad y ha asegurado que, aunque no niega que tuviese una crisis de ansiedad, no estuvo motivada por un acoso laboral «que no existió». «Ella ha padecido una crisis de ansiedad y otros mandos se han tenido que ir de la unidad», ha remachado.

En la vista ha declarado también la forense que hizo el informe psiquiátrico, quien ha recordado que la agente tuvo dos bajas medicas en 2014 y 2015 y estaba diagnosticada de un trastorno adaptativo de tipo mixto que fue muy prolongado y le dejó como secuela el equivalente a un trastorno depresivo. Según ha explicado, la agente le contó que había vivido una situación de acoso por su jefe desde 2012 y no encontró otro factor estresante que pudiera haber desencadenado el trastorno que padecía la mujer, cuya evolución no ha seguido desde 2015.