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Faltaban pocos meses para que naciera su primer hijo cuando Jonatan Borja empezó a arreglar la casa en la que actualmente vive con su familia. Es del barrio «de toda la vida» y asegura que lo primero que hizo fue pedir permiso al resto de ... vecinos del edificio, en la calle Cardenal Herrera Oria, para trasladarse a la vivienda, que llevaba diez años abandonada y se había convertido en un palomar. Su intención, asegura, es legalizar la situación y pagar un alquiler por ella, pero un auto de desahucio exige que la abandonen mañana a las 08.00 horas sin posibilidad de acuerdo.
La familia tiene claro que no quiere que le regalen nada. «Quiero pagar lo que me pidan por vivir aquí, es una casa que estaba en muy mal estado y que he ido arreglando como he podido», explica el cabeza de familia. Junto a su pareja, Karen, y sus hijos, Jonatan -de dos años y medio- y Leyla -de nueve meses- piden tiempo para poder solucionar su complicada situación. «Nos han dado la opción de trasladarnos a un centro de acogida, pero no creo que ese sea lugar para dos niños tan pequeños. Hemos realizado los trámites necesarios con Vivienda para encontrar una solución pero, como digo, no pido que nos regalen nada».
Jonatan afirma que, incluso, se ha ofrecido a pagar los gastos de comunidad y que junto al resto de los vecinos se turna en las tareas de limpieza de las zonas comunes. «Tenemos mucha relación, nos ayudamos en lo que podemos y me agradecen que haya arreglado la casa, que no tenía ni ventanas y se inundaba con la lluvia».
«No es un caso de ocupación», recalca Jonatan. La carta que han recibido para abandonar la vivienda lo califica de 'desahucio precario'. «No usurpo nada porque aquí hacía muchos años que no vivía nadie». Según cuenta el afectado, pocos meses después de que arreglase los desperfectos de la casa, el banco propietario del piso lo vendió a un fondo inmobiliario. «En casi diez años no lo había hecho y a los cuatro meses de que estuviéramos aquí, dio el paso. Sólo pido que nos dejen quedarnos a cambio de un alquiler».
La familia vive de una renta de 650 euros mensuales y, aunque prefieren quedarse en Santander porque sus hijos tienen allí sus médicos y al mayor le han concedido una plaza de guardería, aceptarán trasladarse a otro municipio. «Nuestra vida está aquí y no tenemos coche, pero en la situación en la que nos encontramos estamos dispuestos a movernos a otro lugar con tal de que nuestros hijos tengan un techo».
La portavoz de la plataforma Stop-Desahucios, Eva Lastra, considera que «estamos hablando del desahucio de dos niños muy pequeños, del mismo juzgado (el número 8 de Santander) que tramitó otro desahucio contra otra familia hace escasos días, de un fondo buitre que compró una vivienda abandonada que se había convertido en un palomar y que ahora se aprovecha del esfuerzo de la familia y de echar a personas de sus casas en plena pandemia».
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