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«No me va a temblar la mano si hay que resolver el contrato, pero efectivamente voy a escuchar a la empresa primero». Así se ha pronunciado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, sobre la posibilidad que ha puesto sobre la mesa el equipo de ... gobierno del PP de rescindir el contrato del servicio de Parques y Jardines por los «reiterados incumplimientos» de Légamo Infraestructura Verde, empresa gallega que se encarga de la conservación y limpieza de la infraestructura verde de Santander desde hace un año y medio. La regidora explicó que es una decisión tomada en base a los informes elaborados por los técnicos municipales, «no por políticos», y que se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local para «poner en aviso» a la adjudicataria por no cumplir con lo pactado en el contrato de forma reiterada –según esos informes–.
Al expediente de la resolución del contrato hay que sumar otro aprobado también el lunes que tiene que ver con la imposición de nuevas penalidades correspondientes a catorce infracciones y que suponen 160.000 euros. «Como en cualquier expediente, la empresa tiene un periodo de audiencia y alegaciones en el que deberá dar las explicaciones que considere». En este caso, Légamo cuenta con diez días hábiles tras recibir la notificación. «El expediente de resolución del contrato no avanzará mientras no se resuelvan los expedientes sancionadores contra Légamo, el primero ya cerrado con una sanción de 48.507 euros, pero que aún no es firme porque hay unos trámites legales, y el segundo con propuesta de sanciones por 160.000 euros y que acaba de iniciarse», añadió Igual.
El paso que ha dado el equipo de gobierno responde, a juicio de la alcaldesa, al «control» que ejerce el Ayuntamiento sobre los contratos de prestación de servicios. Además, explicó que el primer expediente se abrió en febrero de este año por incumplimientos relacionados con la maquinaria, y tras escuchar las explicaciones de la empresa y determinadas justificaciones, «se aminoraron» algunas de las sanciones, cerrándose finalmente en noviembre con la imposición de penalidades por más de 48.000 euros –inicialmente el Consistorio habló de 77.000 euros–. Lo que no ha trascendido en esta ocasión son las cláusulas que, según los técnicos, ha incumplido la adjudicataria para abrir dos nuevos expedientes. Desde el Ayuntamiento tampoco las aclaran ya que, según fuentes municipales, hay que esperar a que la empresa sea conocedora de las infracciones y que responda a ellas. «Los informes técnicos apuntan a posibles incumplimientos de la empresa en algunas de las obligaciones del contrato para gestionar el servicio integral de conservación, limpieza y mantenimiento de los parques públicos y jardines. En esta fase del expediente, se trata de dar traslado a la empresa de las posibles irregularidades de las que han informado los servicios técnicos municipales», apuntan esas mismas fuentes. Una vez que la empresa responda, el Ayuntamiento determinará el alcance de las infracciones y las decisiones a adoptar.
Los tres expedientes abiertos son independientes «pero relacionados», detalló la alcaldesa. Por eso, «la resolución del contrato está aparejada a los dos expedientes anteriores con los que se ha advertido a Légamo de que lo está haciendo mal». Aunque matizó: «Si seguimos sanción, sanción y sanción, se iniciará la resolución del contrato».
El pasado agosto, cuando se dio a conocer la noticia de esas primeras infracciones, Igual restó importancia al asunto. Sin embargo, esta semana ha sido más tajante respecto a este conflicto. «A lo mejor, cuando la empresa conteste, queda en nada y se cierra el expediente, o a lo mejor se continúa y acaba llevando a la resolución del contrato». «Que este trámite se pueda cerrar o continúe dependerá de lo que ocurra con los expedientes sancionadores porque, para llevar a cabo la resolución, tiene que haber sanciones firmes», concluyó la regidora.
La que también se pronunció al respecto fue la portavoz de Vox, Laura Velasco, que acusó al PP de «actuar por impulsos» en la gestión de este servicio. «Nos sorprende la actuación tan rápida del PP después de que la concejal responsable nos respondiese en el Pleno que antes de resolver el contrato y aplicar nuevas penalizaciones se deberían esperar unos meses para que la empresa presentase alegaciones, además de requerir un informe jurídico de fiscalización», añadió.
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