El Gobierno no tendrá que pagar al Ayuntamiento de Santander por la anulación del Plan General

Así lo señala una sentencia con fecha de 1 de diciembre de 2020 que ha sido difundida a los medios por el grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento, que destaca que este fallo se suma a los recientes sobre el Museo de Bellas Artes y a la denuncia de USO.

Hace dos años el Ayuntamiento de Santander decidido llevar a la vía judicial la reclamación administrativa presentada hace justo un año ante los Gobierno regional y Central y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por los perjuicios causados por la anulación del Plan General de Santander en 2012. Una suspensión que se debió a la anulación del Bitrasvase del Ebro por una deficiente evaluación ambiental, una causa «externa al propio plan» que ha derivado en numerosas consecuencias para la ciudad, entre ellas la económica.

Los regionalistas manifiestan en un comunicado que este fallo es consecuencia de la actitud tomada por un equipo de Gobierno (PP-Ciudadanos) «cegado exclusivamente en el interés político», pues destaca que la propia sentencia indica que el Ayuntamiento carece de acción para exigir la responsabilidad patrimonial.

El portavoz municipal del PRC, José Maria Fuentes-Pila, explica que el juez señala que no existe una relación de causalidad para imputar el posible daño sufrido al Gobierno de Cantabria, puesto que la anulación del PGOU fue por causas «externas y sobrevenidas».

Además, la actuación del Ejecutivo fue «correcta», ya que aprobó el PGOU «tal y como lo presentó el Ayuntamiento», actuando ambas administraciones de forma legítima.

«Estamos ante un claro caso de empecinamiento político, donde la temeridad y la mala fe de su equipo de Gobierno inicia un procedimiento a sabiendas de que carece de acción y legitimación para exigir responsabilidad patrimonial al Gobierno de Cantabria», opina Fuentes-Pila.

Asimismo, incide en que «no se nos debe pasar por alto que el perjuicio y daño económico de estas decisiones lo sufrirá el Ayuntamiento y por ende los vecinos», al tener que abonarse de las arcas municipales las costas de dicho procedimientos, cuya cuantía asciende a la suma de 78.000 euros.

Por ello, cree que «de una vez por todas las responsabilidades políticas deben salir a la luz». «Y así lo defenderemos», concluye.