El Gobierno ratifica que el Ayuntamiento de Santander contrataba empleados de forma irregular

Al resolver el expediente, la citada dirección general ha confirmado el acta de infracción que levantó hace cuatro meses la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Son, pues, dos Administraciones distintas (la estatal, del PP, y la regional, del PSOE) las que han corroborado la denuncia presentada inicialmente por el sindicato CC OO, que pidió que se investigara el posible empleo fraudulento de parados en Santander, argumentando que el contratador es siempre Santurbán –entidad con un convenio concreto– que luego cede la mano de obra a los distintos departamentos del municipio, en los que rigen otros acuerdos laborales.

El hecho de que se abriera una investigación impidió fichar a los 131 desempleados de Santander que podrían haber estado activos durante un plazo de entre tres y cinco meses en la segunda fase del plan. Esta se tendría que haber iniciado en enero.

Tanto el Ayuntamiento como Santurbán presentarán recurso de alzada contra la resolución. Ambas instituciones se mantienen en sus trece: no ha existido cesión ilegal de trabajadores «al ser la empresa local un instrumento del Ayuntamiento para la gestión de programas de empleo y al tratarse Corporaciones Locales de una política activa de empleo que no se considera asimilable a una relación laboral ordinaria».

Fuentes municipales indicaron que el propio dictamen de la dirección general «reconoce la singularidad» del vínculo entre Santurbán y el Consistorio con respecto al que se establece entre empresas ordinarias. También subrayaron que el documento especifica que «no existe un ánimo defraudatorio» en la contratación de trabajadores.

El Ayuntamiento no se ha cansado de insistir en estos meses en que los empleados temporales que llegan a la nómina de Santander por medio de este programa «no pueden considerarse asimilables a las de los trabajadores de la plantilla, no sólo por las diferencias en el proceso de selección», sino además porque este plan «es una política activa de empleo» y, como tal, el desempleado que llega no solo desempeña unas tareas determinadas, sino que también «recibe formación y orientación laboral», señala.

Sin embargo, las dos Administraciones citadas han dado validez a la acusación de CCOO cuando hizo público que los incorporados por este programa a las filas locales recibían órdenes, horarios o tramitaban sus vacaciones a través de empleados municipales si bien formalmente las autorizaba Santurbán. La central consideró «constatado» que estas personas desarrollan su actividad «de manera indiferenciada» con el resto del personal municipal.

Por este motivo, advirtió de que podrían exigir pasar a ser indefinidos-no fijos y a pedir el abono de la diferencia salarial con lo que les hubiera correspondido. De hecho, el sindicato informó hace más de un mes de que el Ayuntamiento está llegando a acuerdos con los reclamantes de las diferencias económicas. «Que les hagan ofertas para cerrar el conflicto significa que asumen los errores y que quieren evitar el reconocimiento judicial de los hechos», indicó Ángela Sobrino, de la Federación de Administración Local de Comisiones Obreras.