El Gobierno replica a Gema Igual y considera «ilegal» obligar a un sintecho a ir a un centro de acogida

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, pidió el pasado verano al Gobierno de Cantabria la creación de un grupo de trabajo para abordar «el problema de los sintecho que viven en la calle en la ciudad y que declinan usar servicios como el del Centro Princesa Letizia para alojarse». Durante su reunión con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, la regidora puso sobre la mesa estudiar la posibilidad de que los profesionales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla evalúen a estas personas para comprobar si tienen algún tipo de trastorno mental, como paso previo a su traslado a un centro de acogida.

Según la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, esa fórmula no se ajusta a la legalidad. «La libertad individual prima. Hay que respetar siempre los derechos de las personas. Tenemos que ajustarnos a la normativa vigente y, en atención a ello, respetar la decisión de todas las personas», replica la responsable de los servicios sociales de la comunidad autónoma. Gómez del Río detalla que la Administración regional, aunque quisiera, no tiene ningún margen de maniobra porque esa cuestión está regulada por una normativa estatal.

En cualquier caso, la titular del departamento sí considera que los poderes públicos «tenemos la obligación de ofrecer recursos» a las cerca de 300 personas que viven en la calle en Cantabria, según la última estimación realizada por Cáritas. En este sentido, adelanta que a partir de 2024 el Gobierno de Cantabria colaborará con el centro municipal Princesa Letizia, que «no solo acoge a personas de Santander, también de Cantabria». Además, el Ejecutivo autonómico recuerda que hay otros modelos para ayudar a estas personas más allá de la acogida. Modelos que «se están experimentando en otras comunidades autónomas y que nos gustan».

Si salen adelante los Presupuestos de Cantabria para el año que viene, la Consejería de Inclusión contará con una partida de 2.130.000 euros para la adquisición de 20 viviendas a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Servirán para crear una red destinada a personas sin hogar. Se hará en el marco del programa 'Housing First', un modelo de intervención con personas que viven en la calle y que nació en Estados Unidos en la década de los noventa.

Este sistema «convierte la vivienda en un elemento prioritario en el proceso de inclusión de la persona, acompañándolo del apoyo de un equipo técnico -con visitas periódicas- que se basa en el respeto a la persona y su autodeterminación».

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