Igual: «Las viviendas de El Campón se van a hacer»

La regidora se pronunció así a propósito de una moción planteada por el PSOE en el Pleno -no salió adelante- en la que instaba al equipo de gobierno a mantener los fondos europeos «consignados» para El Campón y a agilizar, desde el Ayuntamiento, «la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que empezó a tramitar el anterior Gobierno de Cantabria, desde el área de Vivienda gestionada por el PSOE», comentó el portavoz municipal, Daniel Fernández. Al socialista le sorprende el «silencio cómplice» de la alcaldesa ante «la decisión de un Gobierno de su partido». A su juicio, son «250 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, que son más que necesarias en Santander, dada la escasa oferta existente, con apenas 400 pisos en alquiler en el mercado libre y a precios cada vez más elevados por el incremento de la demanda». Fernández lanzó una última pregunta: «¿Qué hubiera dicho la alcaldesa si un Gobierno del PSOE retira 13 millones de euros de fondos europeos para Santander para destinarlos a otros municipios?».

Como respuesta, Igual señaló que fue la anterior responsable de Vivienda, la socialista Eugenia Gómez de Diego, la que planteó, durante su mandato, una alternativa por si no se cumplían los plazos: «Esa no la explicaron porque no les daba votos».

Además, la alcaldesa añadió que se retrasó la tramitación del proyecto de El Campón porque el anterior Gobierno regional, el bipartito PRC-PSOE, «no se estaba ajustando a los requisitos que marcaban desde el servicio de Urbanismo, lo que ha provocado que en varias ocasiones se tuvieran que pedir modificaciones, que antes de finalizar la legislatura no se habían atendido por parte del anterior Ejecutivo». Así, entiende que no «interesó» que saliera a la luz el plan B «porque estábamos cerca de las elecciones». Igual insistió en que «es mejor ser precavido y buscar alternativas antes que perder dinero público, en este caso 13 millones de euros».

El Pleno aprobó una moción de IU-Podemos, con una transaccional del PP de sustitución, para incluir dentro del proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la elaboración de una ordenanza y la creación de un registro municipal solares. Así, el resto de grupos se abstuvieron en su voto criticando que mientras la propuesta inicial contemplaba un plazo de seis meses, con la aprobación del PGOU pueden ser «años». También dieron a conocer que a lo largo de 2023 «se han abierto 132 expedientes de insalu-bridad de terrenos en la ciudad».

La iniciativa propuesta por el PSOE e IU-Podemos para instalar un monolito o placa en memoria de víctimas de los bombardeos del 27 de diciembre 1936 y posteriores de 1937 no salió adelante con el voto en contra del PP y Vox y la abstención del PRC. Los populares argumentaron que las peticiones de la Comisión de Cultura tienen un orden de debate y se trata «a todas por igual» y además no quieren «abrir heridas», mientras que los socialistas explicaron que no pretenden «dividir» a la sociedad sino «cerrar heridas». Laura Velasco, portavoz de Vox, se mostró favorable a un monumento que incluya «a todas las víctimas».

El PP estudia cambiar el reglamento e incluir la figura de las comisiones de investigación, «pero no de cualquier manera sino conforme a los informes técnicos y jurídicos». Así lo explicó ayer la portavoz del partido, Margarita Rojo, durante el debate que llevó a desestimar, con la mayoría absoluta del equipo de gobierno, la recusación de siete concejales del PP –solicitada por el PSOE, IU-Podemos y Vox– en el acuerdo contra la creación de la comisión de investigación de las basuras, en base a un informe jurídico municipal que considera que no tienen un «interés personal directo» que motive su abstención en este asunto sino un «interés político». Así, el Ayuntamiento se allanará en el recurso judicial para anular la modificación del reglamento que incorporó la creación de comisiones de investigación. No obstante, Rojo abrió la posibilidad a modificar dicho reglamento, pero «siguiendo el procedimiento legal establecido, no a las bravas como pretende la oposición».

Tanto el PSOE como Vox coincidieron en que existe una cuestión personal en la demanda del PP puesto que «del resultado de las comisiones de investigación pudieran dar lugar a responsabilidades penales contra los concejales ahora recusados». Y añadieron que los ediles del Grupo Popular tienen una «cuestión litigiosa pendiente», y por tanto, un «interés directo y personal en la desestimación» del procedimiento judicial y en el allanamiento. Se trata de los dos supuestos que recoge el reglamento del Pleno para fundamentar la abstención de los concejales. Para el portavoz del PRC, Felipe Piña, «la única intención» que persigue el equipo de gobierno es «negar a los santanderinos su derecho a conocer qué ha ocurrido con el contrato de basuras». Por su parte, Keruin P. Martínez, de IU-Podemos, reclamó una comisión de investigación para «aclarar» la responsabilidades políticas de la «maraña» del contrato de limpieza viaria.