«Es imposible implantar en Santander la zona de bajas emisiones el 1 de enero»

Tras la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la ordenanza municipal que regulaba la ZBE en Barcelona el pasado mes de marzo, el Gobierno central anunció un real decreto para establecer unas bases y evitar así nuevos reveses judiciales. Pero, a dos meses de que se cumpla el plazo para que todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes delimiten y pongan en marcha sus zonas de bajas emisiones, el decreto sigue sin estar listo, por lo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido al Gobierno una prórroga, hasta 2024.

La revisión del Plan de Movilidad Sostenible también incluye un capítulo sobre la ZBE de Santander, y se muestra partidaria de activar las restricciones a la circulación de vehículos «solo cuando se superen los umbrales de los contaminantes». Recomienda también que esas limitaciones afecten únicamente a los automóviles sin etiqueta ambiental, con exenciones para residentes, vehículos oficiales y vehículos adaptados de personas con movilidad reducida. Asimismo, contempla compensaciones para los conductores afectados, ofreciendo descuentos puntuales en el transporte público. Por último, indica que el control de los accesos a la ZBE debería realizarse mediante cámaras fijas de tipo OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), capaces de leer las matrículas de los vehículos; en el interior, serán los vehículos y los agentes de OLA y Movilidad los responsables de la vigilancia.

De momento, el Ayuntamiento aguarda la respuesta a su solicitud de fondos europeos para avanzar en su puesta en funcionamiento. Los dos proyectos que Santander ha presentado para recibir ayudas suponen el despliegue de una red de sensores que permita medir la calidad del aire en las distintas zonas de la ciudad y, por otro lado, disponer de una plataforma de gestión capaz de analizar estos datos para establecer en qué momentos y zonas es preciso activar las restricciones.