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Los vecinos de Nueva Montaña conocen como 'Hotel Albania' al edificio abandonado que se encuentra entre la Avenida de Nueva Montaña y la calle Manuel ... Ruiz de Quevedo. Se refieren así al espacio porque, según la Memoria de la Fiscalía de 2021, en torno a cuarenta albaneses que trataban de colarse en el ferri para viajar hasta Inglaterra lo ocuparon. Una situación que puso en alerta a los residentes de la zona y que obligó a la Policía Nacional a desplegar un amplio dispositivo que se saldó con la detención de seis personas y la identificación de otras once. Una vez dentro, la Policía se encontró un edificio en condiciones insalubres, con multitud de desperdicios y objetos peligrosos en caso de no manipularse con la debida diligencia, tanto en los bajos como en el interior del bloque. Ahora la situación en torno a este inmueble sigue preocupando a los vecinos. «El edificio está okupado y se ha convertido en un punto de venta de droga. Lógicamente eso genera inseguridad entre los vecinos», comenta Jesús Cuñado, que forma parte del grupo de residentes que reivindican mejoras para su barrio.
Este edificio iba a destinarse a viviendas, pero la crisis económica lo dejó a medio construir. Y así sigue dos décadas después. «Llevamos años en esta situación y es una vergüenza. No me imagino que esto pueda suceder en otras calles de Santander como Calvo Sotelo o Marqués de la Hermida», añade Cuñado. A su juicio, aunque zonas como Nueva Montaña o Peñacastillo no se encuentren en el centro, «crecen en población y debe ser atendidas igual que el resto de partes de Santander».
Ante esta situación de «inseguridad» vecinal, fuentes municipales explican a preguntas de El Diario Montañés que la Policía Local reforzará la vigilancia en el entorno del inmueble abandonado «para garantizar la seguridad ciudadana».
En este sentido, el Ayuntamiento explica que el procedimiento habitual de la Policía ante cualquier denuncia o queja por okupación de un inmueble es contactar con el propietario para que formule la denuncia oportuna y se inicie el procedimiento en el juzgado.«El Ayuntamiento de Santander considera que la ocupación ilegal es un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia esta problemática».
Precisamente por eso, el Consistorio cree necesario «reforzar el ordenamiento legislativo nacional para que los 'okupas' no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica».
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Ana del Castillo
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