Los inquilinos de los pisos sociales del Primero de Mayo exigen un precio «justo» de compra

En su caso la escritura fijó el coste del inmueble en 1.394 euros el metro cuadrado «y ahora nos están pidiendo precios que ascienden a los 3.000 euros el metro cuadrado». Lo explicaba bien hace más de año y medio otro de los afectados, Iván Fombellida: «Por un piso de unos 60 metros cuadrados, un garaje y un trastero, me piden hasta 228.000 euros. Ni en las zonas más caras de Santander se paga así un piso de estas características, sobre todo porque en su día fue tasado en cerca de 115.000 euros, la mitad».

Legalmente, la promotora Residencial Primero de Mayo S. L, acogida a la normativa VPO de Cantabria, arrendó estas viviendas en contrato de alquiler con opción a compra hace algo más de una década. A los firmantes se les comunicó que transcurridos diez años desde la rúbrica del documento -el periodo de vigencia del arrendamiento con opción a compra-, podrían acceder a la adquisición de las viviendas a precios acordes al régimen de protección oficial. Además, les sería descontado de ese coste final un tercio de lo pagado durante todos esos años en el alquiler.

«Pero todo aquello era mentira. Ahora nos piden más de 200.000 euros por viviendas de poco más de 50 metros cuadrados, estableciendo un precio que duplica el establecido para viviendas de protección oficial», defienden los vecinos. «Acogiéndose a la compleja interpretación de una norma cuyo entendimiento supera la capacidad del ciudadano medio, y amparándose en la oscura y deliberadamente confusa redacción del contrato, la entidad promotora, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, pretende saltarse los compromisos asumidos y obtener un rendimiento económico que supera, con mucho, aquello que fue públicamente difundido», resumen en un escrito.

La presentación de la demanda fue acompañada hace más de año y medio de la solicitud de las medidas cautelares para impedir a la promotora expulsar a los inquilinos. Entre tanto, los vecinos han demandado también al Ejecutivo regional «por no hacer nada» en la situación que los afecta, pues pese a que se trata de una promoción de viviendas en régimen de VPO, la Consejería del ramo anunció ya hace tiempo que el problema excede su competencia por tratarse de un asunto privado.