El interventor destaca los «incumplimientos» y la falta de control en el contrato de basuras de Santander

Se trata de un repaso exhaustivo al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2018. Con un repaso histórico que incluye, por ejemplo, los primeros expedientes sancionadores a Ascán-Geaser (cuatro entre 2014 y 2015) y, sobre todo, el detalle de los presuntos incumplimientos por apartados. Lo más llamativo, en cuanto al personal. «La situación de arranque del contrato presenta ya una diferencia deficitaria en comparación con el personal a subrogar y su propia oferta», manifiesta el Interventor. O sea, que no se subrogaron, dice, todos los trabajadores. Y, añade, se emplearon «menos» de los que la concesionaria estaba obligada a utilizar. El tirón de orejas respecto al control es evidente cuando asegura que «no consta que haya habido hasta ahora ninguna penalización a la empresa por déficit de personal» o que «no se ha realizado una comprobación continua del número de trabajadores empleados».

Cobro de cantidades por servicios no prestados en relación a la Smart City, supuestas duplicaciones de facturas en la recogida selectiva de cartones, déficit en las inversiones en papeleras o en el equipamiento de playas... Precisamente sobre las playas, el documento recoge las conclusiones de un informe de inspección previo a la certificación EMAS en el que se detalla, por ejemplo, los «dos años sin barco de recogida de flotantes», la «recurrente falta de documentación» o el hecho de que los planos con los servicios de playas «debían estar colocados hace más de un año». La autora de ese análisis ponía de manifiesto el «desprestigio» que eso suponía para el Ayuntamiento e, incluso, el riesgo de perder certificados como el EMAS o la Q de calidad. Pero «las facturas se conformaron y abonaron sin mayor eventualidad».

Con todo, la Intervención Municipal le da un valor relevante a que la adjudicataria no puso «a disposición del contrato» una «plataforma de gestión» con las características requeridas. Es decir, no implantó un sistema capaz de adaptarse a las funcionalidades que se ofertaban. Eso no sólo motivó más incumplimientos -siempre a juicio del autor del estudio-, sino que dificultó la labor de los encargados del control del servicio. Los datos que ofrecía no eran fiables. Esa labor de control primero la desarrolló la Fundación Torres Quevedo a través de un convenio con la UTE y, más tarde, esa misma institución (aunque finalmente lo haría Apia XXI) a través de un contrato adjudicado por el Ayuntamiento. Para el interventor, «no se cumplieron los objetivos» de esta tarea (especialmente en la primera etapa, ya que en la segunda aumentó «el rigor» y a ella se atribuyen la apertura de nuevos expedientes sancionadores en los últimos años), pero se achacan estas deficiencias a la «ineficacia de la plataforma de gestión» de la concesionaria. O sea, que traslada la responsabilidad a la UTE.

Se fija, además, en un detalle que le llama la atención. «Precisamente la empresa que sumistra a la UTE el sistema de gestión, NEC Ibérica S.L., es partícipe de la UTE adjudicataria del contrato con el Ayuntamiento de implantación de la Plataforma Smart City, repositoria de datos, por lo que aún es menos comprensible que no esté funcionando la plataforma en las condiciones requeridas, ni los problemas que está teniendo para el volcado de datos en la plataforma Smart City» (que es otro de los incumplimientos que se achacan a la empresa en este periodo).