Los investigadores concluyen que la explosión de La Albericia fue provocada por uno de los fallecidos

El mismo día de la tragedia, sus vecinos y quienes le conocían bien ya intuían que Lolo, como se le llamaba en el barrio, podía haber causado el siniestro. «Este hombre tenía problemas. De hecho, he oído que había intentado suicidarse dos veces. He tratado con él y tenía algún problema», apuntaba el día de autos una vecina de La Albericia.

Como ya adelantó El Diario Montañés a los dos días del suceso, cuando la Policía Judicial de la Policía Nacional analizó los antecedentes de este vecino, empezaron a barajar la hipótesis de que el siniestro hubiera sido provocado. Y cuando la Policía Científica inspeccionó ese mismo día su piso -el 1º derecha- y vieron que acumulaba varias bombonas de butano, la sospechas hacia él crecieron hasta que a los dos días, cuando realizaron la inspección ocular del inmueble, confirmaron que se había producido una manipulación que causó el siniestro.

Los propios vecinos comentaron que Lolo vivía solo en su piso después de que su madre falleciera tras la pandemia. «Vivía por la noche y dormía por el día. Era un hombre tranquilo, pero bebía mucho... La que ha liado», lamentaba el día de autos uno de sus vecinos.

Lo que indicaban ese día los testimonios de los propios residentes en el edificio siniestrado era que el origen del suceso fue un posible escape de gas. Después, por causas que se desconocen, algo provocó que ese gas diera lugar a varias explosiones, y eso causó un incendio que se propagó por el edificio -de madera principalmente- y colapsó la estructura.

Ahora, el atestado que ha elaborado a lo largo de tres semanas la Policía Nacional pone negro sobre blanco lo que los vecinos sospechaban desde el primer momento.

Una vez que se han determinado las causas del siniestro y que la información ha sido remitida al juzgado, el instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Agüero, acordó el miércoles levantar el secreto de sumario de las actuaciones mediante un auto.

A partir de ahora, lo que procedería, según explican fuentes judiciales a este periódico, es el sobreseimiento de la causa penal al no existir autor de los hechos, teniendo en cuenta que el responsable está fallecido.

Eso supondría que la causa derivaría a la jurisdicción civil para determinar a quién corresponde asumir las correspondientes indemnizaciones por los daños causados en el edificio. En principio, tendría que ser el seguro de quien ha causado la explosión el que respondiera por los daños, pero hay que ver si este vecino tenía seguro.

En cualquier caso, quien sea considerado responsable del siniestro tendrá que hacer frente, entre otras cosas, al pago de las labores de desescombro del edificio, una tarea para la que el Ayuntamiento de Santander ha concedido un plazo de dos meses a los propietarios. Al menos para que empiecen los trabajos, ya que ahora el primer paso que tienen que dar es la contratación de un arquitecto que redacte un proyecto y después, adjudicarlo.

La idea inicial es que el seguro de la comunidad sea el que adelante los gastos de esa actuación que después tendrá que abonar el responsable de la explosión, incendio y posterior demolición del edificio.

El Diario Montañés se puso ayer en contacto con algunos vecinos y propietarios del inmueble afectado, pero ninguno conocía el contenido del atestado de la Policía Nacional, en el que se detallan las causas del siniestro.

Esa falta de información puede tener que ver con el hecho de que sus correspondientes aseguradoras no hayan podido personarse en el procedimiento, accediendo así a todas las actuaciones. Y es que cuando intentaron hacerlo a los pocos días de ocurrir la tragedia, el titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Santander lo rechazó teniendo en cuenta que estaba decretado el secreto de sumario de las actuaciones y que solo podía acceder, en principio, el representante de la Fiscalía.

Lo cierto es que todos los afectados están expectantes por conocer todos los detalles de la investigación para saber quién se hará cargo de sufragar la pérdida de sus pertenencias, de sus viviendas y de la reconstrucción del edificio. Todo ello teniendo en cuenta que algunos de los afectados siguen buscando una vivienda accesible para poder residir mientras se solventa definitivamente este asunto.