El jefe que dio armas a los policías en prácticas alegó que había «nivel 4 de alerta antiterrorista»

Ninguna de sus explicaciones para poner a funcionar a los policías armados fueron secundadas por el Gobierno de Cantabria ni por la propia asesoría jurídica del Ayuntamiento de Santander y, además, están siendo muy criticadas en medios sindicales policiales, a quienes el lunes se entregaron las comunicaciones oficiales sobre el conflicto. UGT consideró este martes que el proceder del Intendente jefe de la policía «además de perjudicar seriamente la imagen del Cuerpo, podía haber acarreado gravísimas consecuencias», porque es posible que, en el futuro, se generen dudas sobre las actuaciones realizadas en acto de servicio por los policías, que estaban desarrollando trabajos de funcionarios de carrera sin serlo todavía.

Por su parte, CSIF reclamó que «se depuren todas las responsabilidades que puedan derivarse» de una decisión que ha generado «una situación de riesgo» para los agentes en prácticas «con las graves consecuencias legales que podría haber tenido todo ese cúmulo de decisiones, cuestión a todas luces inaceptable en el desempeño de las responsabilidades inherentes a todo funcionario».

Todas las instituciones que han supervisado el caso se han pronunciado contra la decisión y algunas lo han hecho con dureza, como el coronel de la Guardia Civil, Jefe de la Zona XIII, Luis del Castillo, que advirtió de que la asignación de arma corta de servicio a los aspirantes a Policía Local incurría en «clara y fehaciente vulneración» de la normativa. Del Castillo avisó el 1 de abril de que los recién llegados «no podían estar facultados» para el uso del arma «amparándose en una errónea interpretación que deriva en una deficiente e incompleta formación que se pretende homologar a la oficialmente establecida», en referencia al curso municipal.

También la abogada general del Estado Consuelo Castro fue rotunda contra la acción del Ayuntamiento desestimando las alegaciones y documentos presentados por el Consistorio para justificarse. En el repaso cronológico que hace la Abogacía del Estado, se insiste en varias ocasiones en que ningún estamento considera «ajustada a derecho» la entrega de armas, ya que «vulnera la normativa estatal y autonómica aplicable» al tiempo que tacha de «incorrectas» sus alegaciones, algo que es extensivo al hecho de que se entregó a los policías noveles unos carnés profesionales que tampoco debían haberse otorgado hasta que no fueran funcionarios de pleno derecho.

La alta representante del Estado señala, por otro lado, que el argumento de que España se encuentra actualmente en nivel 4 de alerta antiterrorista «no da cobertura legal a la actuación» de la entidad local porque ni en esta situación «los funcionarios en prácticas pueden ser autorizados por sus respectivos ayuntamientos para portar armas de servicio».

La alcaldesa de Santander, por su parte, insistió ayer en que el Ayuntamiento había entregado en enero las pistolas a los agentes «entendiendo que no se estaba haciendo nada incorrecto» y que las armas fueron retiradas «de manera inmediata» a raíz de los informes de otras administraciones como el Gobierno de Cantabria que apuntaban que «no era correcto».

Gema Igual remarcó de nuevo que hay «lagunas legales» y «cierta incertidumbre» que hacen necesario que se aporten aclaraciones sobre el cometido de los policías en prácticas, por lo que el Ayuntamiento ha pedido la convocatoria de la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

A última hora de este martes, el director de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz, anunció que se convocará la mesa en cuestión, pero no dio una fecha concreta para la cita. Ortiz lamentó «las circunstancias» que han afectado a 15 agentes en prácticas en Santander y señaló que la «colaboración previa» entre el Gobierno y el Consistorio «podría haber evitado el error en la interpretación de la ley y el perjuicio causado a los aspirantes».