El jefe de la Policía Local cuestiona el correcto nombramiento de los funcionarios desarmados

«Fueron nombrados incorrectamente», dice el jefe de la Policía Local de Santander, Gustavo Zabala. «Al menos esa es la evidente conclusión a la que que yo he llegado» después de revisar un informe que revela las irregularidades administrativas que han permitido patrullar armados a quince policías locales que aún no lo son.

Dispuesto a asumir los errores que haya podido cometer, Zabala, que acepta que posiblemente no debería haber entregado esas armas, cree sin embargo que no es él el único responsable de esta situación. Y apunta al Ayuntamiento.

Según el jefe de la Policía Local, «los quince tomaron posesión como funcionarios en prácticas con el cargo de policía local durante un acto que se celebró el día 21 de diciembre y en el que el Ayuntamiento les hizo entrega de su placa y de su carné profesional».

Zabala insiste en la condición en que todos llegaron al departamento. «Funcionarios en prácticas con el cargo de policía local».

El jefe se detiene en este punto. «La ley dice que sólo se les puede nombrar funcionarios en prácticas durante el tiempo que dure el curso de formación teórico práctico de la escuela Regional». Y se remite a la Ley de Coordinación de Policía Local de Cantabria, que en el apartado 6 del artículo 19 (ingreso) puntualiza que una vez finalizada la fase de oposición «los aspirantes deberán superar un curso básico de formación teórico-práctica en la Escuela Autonómica de Policía Local» y que será «durante la realización de este curso cuando los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y con las obligaciones inherentes a esta situación».

Comoquiera que todavía no han realizado ese curso de formación, «ninguno debería haber sido nombrado funcionario en prácticas», sostiene Zabala.

Ello, en contra de la opinión del concejal de Policía, Pedro Nalda, que, refugiándose en un vacío legal detectado en esa ley en cuestión, dice que «esa norma no valora cómo deben ser considerados los aspirantes en ese periodo que existe entre que los aspirantes aprueban la oposición y hacen el curso formativo». Para el Ayuntamiento, dice Nalda, «son funcionarios en prácticas a todos los efectos».

Aceptando la existencia de ese limbo, pero subrayando al tiempo que «esa situación era conocida por todos y pudiéndose haber aclarado en una Comisión de Coordinación esto no ha llegado a producirse nunca», Zabala explica que cuando su Jefatura decidió armar a esos efectivos, medida que adoptó el 11 de enero, «se empezó a escuchar un runrún sobre la posibilidad de que aquello no fuera legal» que él quiso atajar enviando un informe al Ayuntamiento en el que explicó todos los pasos dados al respecto.

«Y nadie me puso un reparo», afirma el jefe de la Policía Local de Santander, que tres meses más tarde, el 26 de abril, al día siguiente de conocer el requerimiento de la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento para que procediera al desarme, envió un informe muy detallado «en el que sugerí al concejal de Policía que solicitase un informe al gabinete jurídico y, al mismo tiempo, convocara la Mesa de Coordinación para comprobar que lo estábamos haciendo bien».

«Aquella Mesa de Coordinación nunca se convocó», afirma Zabala. «Y el informe del gabinete jurídico no sé si llegó a redactarse o no». Sí. Llegó a redactarse. Pero no cuando él lo recomendó sino un mes después, el 27 de mayo, a escasas horas de que venciera el plazo que la Delegación había dado al Ayuntamiento para que ordenara la retirada de las armas de los aspirantes, que ayer fueron desfilando perplejos por las dependencias policiales para dejar allí sus armas reglamentarias.