Los jueces empiezan a anular las multas a los patinetes por falta de regulación

El jurista subraya que está dando su opinión –«que no es dogma y que es discutible»–, acerca de la situación que rodea este nuevo vehículo, también conocido como Vehículo de Movilidad Personal, VMP.

En Santander no existe todavía una ordenanza municipal que regule las normas, uso y obligaciones de los conductores de los VMP y la autoridad se ciñe a la instrucción transitoria publicada el pasado 4 de diciembre por la Dirección General de Tráfico, en la que lanza una serie de recomendaciones, sin carácter obligatorio, dirigidas tanto a los usuarios de estos vehículos, como a los ayuntamientos y agentes de la autoridad, hasta que se publique una normativa definitiva que seguirá las líneas del resto de la Unión Europea.

El catedrático considera que «el Ayuntamiento debería calibrar y ser coherente: si no va a presentar una ordenanza hasta que no se apruebe el Reglamento General de Circulación, entre tanto y ante la ausencia de norma estatal, debería prohibir su uso radical por no estar regulado». Además, el jurista opina que la cobertura de la instrucción es «insuficiente para que los ayuntamientos regulen en la materia» y «lo procedente es que quede contemplado en la propia Ley de Tráfico y no mediante la modificación del reglamento».

En línea con la instrucción de la DGT, el Ayuntamiento de Santander ha establecido una serie de sanciones, de una cuantía mínima de 80 euros, que podría llegar a los 200 para los conductores de VMP que utilicen el móvil al mismo tiempo que lo manejan. En caso de dar positivo en el test de drogas o alcohol, los conductores serán multados con la misma cuantía económica que si condujeran cualquier otro vehículo; en caso de sobrepasar las tasas de alcohol, la multa ascendería a 500 o 1.000 euros, en función de la tasa, y en caso de que haya presencia de drogas en el organismo del conductor, 1.000 euros. No obstante, esta directriz publicada por la DGT aborda también más cuestiones, como la prohibición de aparcar en aceras, aunque otras, por ejemplo la que se refiere al uso del casco, están a expensas de la regulación de cada ayuntamiento.

Ya existen sentencias en otras comunidades en las que se han anulado multas en materia de circulación con patinetes eléctricos. El pasado mes de enero, en Valencia, un tribunal anuló las 44 multas interpuestas por el Ayuntamiento contra una empresa de alquiler de patinetes, Lime, que ha ganado la batalla al recurrirlas y conseguir que se anulen en su totalidad por falta de regulación.

El motivo de las sanciones era el de operar sin licencia, sin embargo, según determinó el juez del caso, «no había ninguna regulación vigente en Valencia en ese momento que impidiera a la empresa hacer lo contrario».

También en enero, un juez de Alicante anuló una multa contra el conductor de un patinete al considerar que «no existía en ese momento una norma municipal que regulara el uso de este medio de transporte». La Policía Local había multado con 60 euros a la persona demandante el pasado 30 de mayo de 2019.

La sanción fue aplicada al considerar que había cometido una infracción al «circular con un monopatín, patines o aparatos similares por vías no destinadas a tal uso». Sin embargo, el auto recoge que «esta claro que un patinete eléctrico no es un monopatín, entendido este como juguete para deslizarse por superficies duras y lisas que consiste en una plataforma alargada montada sobre ruedas».

Según el juez, el problema se plantea porque los patines eléctricos son un vehículo nuevo y como tal no están contemplados por la ley, «ya que pura y simplemente no existían». En ese sentido, considera que si el legislador desea incluir los mismos, habrá de mencionarlos expresamente y establecer la regulación que considere conveniente. «Pero en materia sancionadora, y en democracia, el principio de legalidad que vincula a todos los poderes públicos, establece claramente la vinculación positiva de la Administración a la Ley: 'quae non sunt permissae, prohibitia intelliguntur', es decir: 'lo que no esta prohibido está permitido'».

Por último, el titular del juzgado indicó que «es evidente que la consideración que debe tener un patinete eléctrico es claramente la de un vehículo, pudiendo el mismo (hasta que no se prohíba) circular por la calzada. De hecho, lo peligroso sería permitir circular a los mismos por las aceras o por las zonas peatonales, dada la velocidad que pueden alcanzar».