El juez no admite la querella penal contra los promotores del concierto de Guetta

El juez de instrucción no ha admitido a trámite la querella penal de un grupo de afectados contra los organizadores del concierto de David Guetta, que no llegó a celebrarse por la incomparecencia del artista, porque entiende que no hay indicios de infracción penal y porque no se ha planteado prueba suficiente.

La querella, presentada en representación de más de 450 afectados, se interpuso por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible frente a la Ute La Campa, Delfuego Booking y Heart of Gold, las empresas que organizaron el espectáculo de Guetta que iba a tener lugar el pasado julio en la campa de la Magdalena de Santander.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Santander ha decidido no admitir a trámite la querella en un auto al que ha tenido acceso Efe, pero la representación legal de los querellantes, el letrado Álvaro Sánchez Pego, ha avanzado que se recurrirá.

En la querella se explicaba que los promotores del concierto anunciaron en el cartel de fiestas de Santander la actuación de Guetta en la campa de la Magdalena, que vendieron 10.000 entradas y que la actuación finalmente no se celebró. A su juicio, los querellados debían haber reservado el importe de las entradas para el caso de que el concierto no se celebrara. Añaden que en septiembre la empresa Delfuego Booking solicitó la declaración del concurso voluntario. Por todo ello, los querellantes entendían que se había cometido una estafa, porque no se devolvieron las cantidades que se pagaron por las entradas.

En la querella se afirmaba que la intención de no cumplir «existió desde mucho antes de la celebración del concierto».

Se basa esa idea en tres afirmaciones: que los organizadores primero tenían previsto un concierto en exclusiva de Guetta y luego añadieron en el cartel «David Guetta e invitados» y lo hicieron «para excluir su responsabilidad» en el incumplimiento; que el personal de seguridad el mismo día del concierto ya comentó a algunos de los asistentes que no iba a celebrarse; y que no existía solicitud de aterrizaje el día del evento en el aeropuerto de Santander (el DJ iba a llegar en avión).

El juez entiende que estas alegaciones no se pueden admitir, «dada la falta del más mínimo indicio probatorio» y porque, además, a su juicio «son contrarias a las propias reglas de la lógica».

Así, el magistrado subraya que el DJ grabó un vídeo en el que pedía disculpas por no acudir al concierto y que también devolvió el importe que recibió como caché por parte de los organizadores del evento.

«De aquí resulta obvio que alguna responsabilidad (por no decir toda) tuvo el propio artista en la suspensión del concierto y que ninguna responsabilidad tuvieron los organizadores», señala el auto.

El juez cree que en este supuesto «el negocio jurídico» entre los organizadores y los asistentes al evento se frustró «pero no con una intención inicial, sino por causas sobrevenidas». «Y además en este caso, según apuntan los indicios evidentes, por causas no imputables a los organizadores», remacha.

Por eso el juez excluye que haya delito de estafa, salvo que algún comprador de la entrada lo hiciera el mismo día del concierto en taquilla y después de que se anunciara que no iba a acudir Guetta. Pero en todo caso, la parte querellante tendría que acreditarlo y, además, sería un delito leve, ya que el precio de las entradas era muy inferior al que marca la ley para la estafa.

Tampoco cree el juez que haya apropiación indebida ni insolvencia punible.

El magistrado explica que este caso no encaja en los parámetros que integran el tipo penal de apropiación indebida, porque los querellados no recibieron el dinero con obligación de devolverlo.

También rechaza el argumento de que los promotores del evento tenían que haber reservado el dinero recibido por las entradas para resarcir en caso de suspensión. «Esta obligación no solo no existe en ningún artículo del Código Penal ni Civil, sino que es económicamente injustificable», reza el auto. Y, respecto a la insolvencia punible, el juez dice que no se aporta ninguna prueba que acredite esa acusación, e insiste en que no se ofrece ningún elemento para avalar las afirmaciones de la querella, por lo que procede el archivo.