El juez archiva la querella de Ascán contra el Ayuntamiento por la resolución de su contrato

El juez no ve delito ni irregularidades en la resolución del contrato con Ascán y tampoco considera que ninguno de los querellados se excediera de sus competencias. En concreto, el auto –que aún no es firme– recoge que la actuación del interventor –uno de los tres querellados– «no es constitutiva de delito, ya que no se acredita que se excediera en sus competencias ni que actuara fuera del marco legal». La emisión del informe del interventor, recoge el documento, se sujeta a lo dispuesto en la normativa, tanto en cuanto a su objetivo, que viene marcado en la ley, como en el procedimiento de su emisión, en el que se prevé recabar la información necesaria que considere y que se ayude de cuantos asesoramientos necesite.

En la querella, se contemplaba que la jefa de Desarrollo Sostenible había sido nombrada por su amistad con la directora general de Medio Ambiente –también querellada–, aspecto sobre el que «no existe ni siquiera una mera sospecha», y menos aún tras escuchar a la querellada, que manifestó que el cargo «se lo propuso la propia alcaldesa y que ni siquiera estaba de acuerdo, ya que no estaba compensado el aumento de responsabilidades con la retribución que iba a percibir, pero que no se le dio opción de elegir». Por ello, el juez califica el procedimiento de su nombramiento como «intachable».

Por último, respecto a la querella contra la directora de Medio Ambiente «no se aprecia extralimitación alguna de funciones y menos aún la adopción de resoluciones arbitrarias, como requiere el delito que se les pretende imputar. Lo que emitió fueron informes, como bien explica en su declaración, y no resoluciones, y no se acredita esa arbitrariedad, ya que fueron elaborados sobre la base de los informes de la empresa de control del contrato y de las quejas ciudadanas».

Los hechos se remontan a octubre del año pasado, cuando el Ayuntamiento anunció que iba a rescindir el contrato de basuras con Ascán y firmar un nuevo acuerdo por emergencia con otra empresa. A raíz de ese movimiento, la empresa saliente respondió con una querella al considerar que existía prevaricación administrativa porque, al día siguiente de las elecciones de 2019, se tramitaron nueve expedientes sancionadores contra Ascán. «Llevábamos prestando el servicio 26 años en Santander y nunca se nos acusó de incumplimientos hasta la noche electoral», expuso entonces el director general de Ascán, Rubén Varela. También apuntó que los expedientes técnicos presentados en su contra estaban firmados por la directora general de Medio Ambiente, que es «un puesto de confianza designado por el Partido Popular». Contra el interventor expuso que «dijo en sede judicial que los informes que se están usando para descontar dinero a las facturas no tenían esa función, sino que eran para auditar». Sin embargo, a pesar de toda la documentación presentada por Ascán, el juez no le da la razón en ningún punto.

Otra de las cuestiones denunciadas por la empresa fue la adjudicación por emergencia a una nueva concesionaria, PreZero –en aquel momento, Cespa–. La Ley de Contratos del Estado recoge que para adjudicar el servicio a una nueva empresa con un trámite de emergencia se debe dar uno de los siguientes supuestos: que sea una cuestión de defensa nacional, que se desencadene de una catástrofe natural o que se esté en una situación de grave peligro. «Creo que no estamos en ninguno de los tres casos», consideró entonces Varela.

Entre ambas entidades ha habido en torno a una veintena de procedimientos judiciales abiertos, la mayoría a raíz de las facturas. Y habrá más, pues el Ayuntamiento prepara un informe de daños y perjuicios en el que está incluyendo asuntos como la retirada de contenedores, los retrasos para devolver material y la falta de información sobre la plantilla, entre otros. Su objetivo es que la empresa se haga cargo de todos los costes económicos desencadenados del enfrentamiento.