El juez avala que el Ayuntamiento no adjudicara a Ascán el contrato de emergencia de basuras

La sentencia, con fecha de 4 de diciembre y notificada este martes, condena en costas a la empresa y señala que esta carecía de «un derecho» a continuar prestando el servicio, una vez resuelto el contrato que tenía suscrito con el Ayuntamiento.

Según expone el fallo judicial, aunque en el caso de denuncia o resolución del contrato el contratista tiene la obligación de seguir prestando el servicio a fin de garantizar el interés público, es la Administración la que debe decidir sobre este aspecto.

«Estamos no ante un derecho de la recurrente que se haya podido ver lesionado, sino ante una obligación que el contrato impone a la actora cuando se resuelve el contrato. Obligación que la Administración puede no imponer a la recurrente, máxime con las circunstancias existentes entre ambas», aclara la sentencia.

De esta manera, el juzgado valida la decisión que adoptó el Ayuntamiento, que se vio obligado a acudir a un contrato de emergencia, pues, tal y como ha señalado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, «resultaba insostenible que la misma empresa continuase con la prestación del servicio hasta la adjudicación de un nuevo contrato, máxime cuando el propio Consejo de Estado dio la razón al Ayuntamiento en la resolución del contrato y había confirmado los graves incumplimientos en los que incurrió Ascán».

Rojo mostró la satisfacción del Ayuntamiento tras conocer esta sentencia, y apuntó que el juzgado «corrobora que el procedimiento seguido por los servicios técnicos y la Corporación municipal era correcto».

En este sentido, recuerda que esta resolución se suma a la sentencia que ya es firme -dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 el 12 de diciembre de 2022-, que también dio la razón al Ayuntamiento al señalar que la adjudicación por emergencia para nombrar a un responsable del contrato externo estaba debidamente motivada ante el riesgo de no poder realizarse la prestación del servicio de basuras (de carácter esencial) sin el correspondiente control por parte de la Administración pública.

La responsable municipal se dirigió además a los grupos de la oposición, a los que ha pedido «más prudencia y dedicación al interés municipal, y menos valoraciones políticas», y puso de manifiesto que esta sentencia «desmonta sus argumentos a favor del mantenimiento de la UTE y avala la decisión tomada por el equipo de gobierno».

Rojo detalló las actuaciones del Consistorio que ya han sido avaladas por los jueces como el traspaso del servicio el 11 de noviembre; la recuperación de la maquinaria y contenedores retenidos por la UTE; la denegación de las medidas cautelares frente a la aplicación de las deducciones en las facturas; la querella contra tres empleados municipales; o la recuperación de 900.000 euros de las deducciones realizadas en cuatro de los conceptos de las facturas giradas por la anterior concesionaria en relación a la plataforma informática, parque de papeleras, inversión en medios técnicos e inversión en información y sensibilización. Además, las sentencias referidas a estas facturas, respecto al resto de conceptos, determinan que el Ayuntamiento podrá incluirlos en la liquidación del contrato.

Por todo ello, destacó que el balance de este conflicto ante los Tribunales resulta «abrumadoramente favorable al Ayuntamiento de Santander y, afortunadamente, ha permitido que hoy estemos en disposición de poder licitar este nuevo contrato, para que la ciudad pueda volver a contar con el servicio de limpieza que se merece». También reiteró que los indicadores siguen constatando la mejora en las prestaciones de recogida de residuos y limpieza viaria, que se optimizará al completo con las condiciones contempladas en el nuevo pliego que se ultima para la licitación del contrato.