El juez investiga si el Ayuntamiento alteró el acuerdo con Parques y Jardines tras la subida del IVA en 2012

Sin embargo, la denuncia –presentada por un técnico del servicio, según apuntan fuentes municipales– expone que el acuerdo no fue objeto de ninguna variación económica y ese incremento del 2% fue compensado con obligaciones que la UTE había contraído en el contrato. Es decir, en vez de incrementar los impuestos en el coste contractual o asumirlo el propio Ayuntamiento, se decidió «al margen de cualquier norma» –recoge textualmente el escrito– prescindir de la ejecución de obras que habían salido a concurso de tal manera que se compensara el incremento del IVA con la falta de realización de trabajos. La misma denuncia contempla que estas circunstancias se recogen en el informe del Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Santander del 29 de noviembre de 2019 sobre el control financiero del contrato suscrito con UTE Jardines Santander desde el año 2012 al año 2018. Concretamente, se expone que como consecuencia del incremento del IVA, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno el 26 de noviembre de 2012 a la aprobación de mutuo acuerdo de reducción y compensación de prestaciones del contrato por valor de 926.768 euros. Tras el desglose de las diferentes partidas que se reducen, la denuncia apunta que el Ayuntamiento de Santander y la UTE «introducen modificaciones esenciales del contrato», tanto por lo que respecta al precio como en relación con las obligaciones contraídas por la contratista, «obviando el procedimiento legalmente establecido por las leyes administrativas, que ocasiona un perjuicio al ente municipal porque la contratista incumple las obligaciones legalmente previstas».

Además, el juzgado pidió a la Guardia Civil que se auditasen todas estas cuentas, que involucran también al Ayuntamiento de Camargo. Tras alegar desde el Cuerpo que no tenían medios para ello, finalmente será el Ministerio de Hacienda quien realice esta acción. La razón de que ambos ayuntamientos se vean afectados por la investigación es que en la denuncia se recoge una presunta utilización de recursos de la capital en el otro municipio.

La denuncia señala a más de 20 personas de ambos ayuntamiento. De Santander, apunta a la alcaldesa, Gema Igual, al concejal de Contratación, Javier Ceruti, a los exconcejales de Medio Ambiente, María Tejerina y José Ignacio Quirós, y al exregidor y exministro, Íñigo de la Serna –al estar los hechos que se relatan dentro del periodo temporal de sus mandatos–. También se apunta a otros altos cargos y funcionarios como son la directora general de Medio Ambiente y el interventor, además de varios responsables de la empresa adjudicataria del contrato. Desde el Ayuntamiento recalcan su intención de personarse en el procedimiento. En Camargo, salpica a la alcaldesa, Esther Bolado, al interventor municipal y algunos concejales.

¿Y por qué afecta a concejales posteriores a 2018? Tras el fin del contrato, la UTE Jardines Santander sigue realizando el servicio –por ser esencial– a la espera de que se redacten los nuevos pliegos de licitación, ya que la adjudicación se desistió el año pasado porque, como señaló la Mesa de Contratación, los documentos contemplaban «datos erróneos».