Un juez ordena tirar un edificio en Ernest Lluch y devolver la parcela a sus dueños

Así lo ha establecido el juez Íñigo Landín en una sentencia, contra la cabe recurso ante la Audiencia, en la que además condena en costas a la promotora por su «mala fe». Es el tercer varapalo judicial que recibe la entidad, que ya vio cómo el mismo juez acordó en junio del año pasado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la demanda judicial promovida por los colindantes como aviso para los hipotéticos compradores de las viviendas, un auto confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial.

La resolución judicial establece que la parcela sobre la que se levanta el edificio, en fase avanzada de construcción, es propiedad de la comunidad de vecinos colindante, ya que la promotora sólo tenía un derecho de vuelo o edificación sobre la misma que caducó el 20 de febrero de 2018, sin estar terminada la ejecución, por lo que ese derecho caducó.

La sentencia confirma así la tesis de la comunidad de propietarios, defendida por el letrado Vicente González, que reclamó en el juzgado la propiedad de la parcela porque la promotora dejó caducar el derecho a edificar dentro del plazo acordado (10 años y vencimiento al 20 de febrero del año pasado).

Las consecuencias económicas de la sentencia son graves ya que la mercantil Buildingcenter, sociedad promotora de la Caixa, ha invertido al menos seis millones en esta promoción (tres millones por la compra del derecho de vuelo, otros 2,5 millones en la obra ejecutada hasta la actualidad, y el resto en proyectos, licencias y otros gastos asociados a la promoción), eso sin contar con la pérdida de los beneficios esperados, situados en torno a los 1,5 millones, según los datos que constan en la causa. Sin embargo, no se han producido perjuicios a terceros, ya que la entidad financiera abrió una bolsa de posibles compradores que no habían efectuado desembolso alguno, iniciativa que se paralizó cuando se desató el conflicto judicial.

La parcela en litigio, situada junto a la S-20 y el supermercado Lupa, formaba parte de una finca mayor en la que hace diez años se construyó un bloque de viviendas, denominado Monarca Fase I. La superficie restante fue destinada a la nueva Fase II, la construcción en litigio. Esta parcela fue adquirida por la sociedad promotora Buildingcenter, filial de Caixabank, una de las promotoras más importantes del país, con un capital social de 22 millones de euros.

En un primer momento, la sociedad intentó vender la finca, pero al no conseguirlo decidió promover directamente ella, para lo que obtuvo licencia de obra en octubre de 2017. Iniciadas las obras, la comunidad de propietarios del edificio Monarca Fase I requirió a la promotora para que se abstuviera de ejecutar edificación alguna. Para ello alegó que no se trata de una finca independiente con pleno dominio (de suelo y vuelo) sino que, a lo sumo, la promotora tenía un derecho de edificación que caducaba el 20 de febrero de 2018, resultando a todas luces imposible llevar a cabo la completa edificación en los cinco meses que quedaban, desde la obtención de la licencia hasta la caducidad del derecho a edificar.

Pero la filial de Caixabank despreció los argumentos de los colindantes e inició las obras con ritmo inusitado. Terminado el plazo del derecho a construir (el 20 de febrero de 2018), la comunidad de propietarios demandó a la promotora y pidió al juez que declarase caducado el derecho a edificar y, en consecuencia, la demolición de lo construido y la recuperación de la finca. Además, solicitó al juez que, en tanto se resuelve el pleito, anotara el litigio en el Registro de la Propiedad para evitar males mayores a terceros.

El juez Íñigo Landín concedió la medida cautelar y en aquel auto adelantó que la parcela no era propiedad plena de la promotora, una decisión que avaló la Audiencia. Ahora, en la sentencia que resuelve el conflicto, el magistrado subraya que la promotora solo adquirió un derecho de vuelo para edificar la fase II de viviendas, debiendo estar concluida el 20 de febrero de 2018, porque de lo contrario perdía ese derecho. En contra de la opinión de la mercantil, la edificación debía estar completamente terminada, no bastando el mero inicio de las obras, ni la ejecución de la estructura. De hecho, el inmueble sigue en construcción y sin haber obtenido la licencia de primera ocupación.