El juez da la razón al Ayuntamiento y no tendrá que rescatar el aparcamiento de Mendicouague

En la práctica, significa que ambas constructoras tendrán que asumir las posibles deudas pendientes de la inversión y todas aquellas cantidades que estén pendientes de amortizar en esta infraestructura inaugurada en octubre de 2013. Por su parte, el Ayuntamiento se ahorra todo ese montante económico, previsiblemente de varios millones de euros. También todo el proceso administrativo que supondría una nueva concesión o, en su defecto, municipalizar el aparcamiento y sacar a la venta las muchas plazas que están vacantes. La obra tuvo un coste de 7,5 millones de euros y un periodo de concesión de 50 años.

La sentencia, fechada el pasado 27 de septiembre, da la razón al equipo de Gobierno en el litigio que mantiene contra ambas empresas basándose en la Ley de Contratos. Además, ha sido fundamental que en 2008, entre las cláusulas de la adjudicación del contrato se incluyó que la o las ganadoras tendrían que responder de manera conjunta y solidaria en caso de que sobreviniera cualquier imprevisto como el que ha ocurrido. Se hizo por consejo de la Intervención Municipal con la intención de proteger los intereses del Consistorio y de los usuarios «dado que la solvencia de la empresa encargada de la explotación del aparcamiento resultaba muy inferior a la que aportaban sus creadoras en la oferta que habían presentado ante la administración pública». Para el juez, incluso Actium, que vendió su parte de la sociedad conjunta a Siec, es responsable.

Quienes llevaron el asunto a los tribunales fueron las constructoras después de que el Ayuntamiento decidiera rechazar el rescate y responsabilizarlas del devenir del parking. Aunque el Juzgado número 1 de lo Contencioso echa por tierra la mayoría de los argumentos de Siec y Actium, sí estima parcialmente la demanda que interpusieron contra el Consistorio. Lo hace en un asunto «de forma», según subrayan desde el equipo de Gobierno.

De acuerdo con los informes de los Servicios Jurídicos, se decidió sancionar a ambas empresas por incumplimiento de contrato e impedirlas participar en concursos públicos por un periodo de cuatro años. Al parecer, esta medida de la Junta de Gobierno local no se hizo por el procedimiento adecuado, aunque esto «no afecta en ningún caso al fondo del asunto».

Aparcamiento Mendicouague S. L., la mercantil constituida por Siec y Actium, entró en fase de liquidación en enero de 2017 y el Juzgado de lo Mercantil aprobó su liquidación siete meses después. Desde entonces, los grupos de la oposición venían alertando de que existían muchas posibilidades de que el fracaso del proyecto promovido por el anterior alcalde, Íñigo de la Serna, podría tener un elevado coste para los santanderinos.

PRC y PSOE defendieron que la liquidación de la empresa obligaría al Ayuntamiento a rescatar la concesión, es decir, a un desembolso millonario para hacerse cargo de la gestión del aparcamiento. «La concesionaria ha iniciado su fase de liquidación y eso lleva, por ley y directamente, a la resolución del contrato, es decir, al rescate del aparcamiento», afirmó el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, cuando se conoció la liquidación de Aparcamiento Mendicouague. Ahora, según la interpretación de los Servicios Jurídicos municipales, esta sentencia niega ese extremo.

Desde que De la Serna anunciara en 2007 el proyecto del parque de Mendicouague y su aparcamiento subterráneo, la actuación ha estado rodeada de polémica. Los contrarios al parking -con 6.350 firmas de apoyo- pusieron sobre la mesa varios argumentos para impedir su construcción. Además, formularon diversas denuncias que retrasaron una obra que duró cuatro años.

Primero fue la existencia de la encina centenaria que podría dañarse a causa de su traslado o durante las obras. Después, una denuncia ante la Fiscalía para que se investigaran posibles delitos en la adjudicación y la tramitación de la concesión. Y, por último, la toxicidad del suelo debido a la actividad de la fábrica de curtidos.