Así lo acaba de dictaminar el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, que da la razón al empleado de la concejala Tatiana Yáñez-Barnuevo quien, al ser suspendido por no haberse presentado en diez meses a su puesto de trabajo en la Casa Consistorial, recurrió su destitución.
El equipo de gobierno emprendió acciones contra esta persona por considerar que debía prestar sus servicios en dependencias municipales en Santander, como el resto de trabajadores municipales. También se le reclamó la cantidad de 8.600 euros brutos al entenderse que los había cobrado de más.
El juez cree que no ha quedado acreditado que el asesor no cumpliera su jornada laboral
Pero esta cantidad nunca fue devuelta por Seguido Sánchez, que recurrió primero por la vía administrativa y luego por la judicial contra la decisión municipal. La edil que le contrató ha mantenido que su empleado es un investigador y, en el momento del cese, seguía la pista de varios asuntos de «corrupción» en el entorno del Ayuntamiento santanderino.
El equipo de Gema Igual tiene previsto recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo pese a que en el propio fallo se dice que éste es firme y no cabe recurso, algo que los servicios jurídicos del Consistorio encuentran «incorrecto» y de esta forma se lo harán ver al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Por el momento, el Ayuntamiento no sólo no recuperará los más de 7.000 euros que le demandaba al empleado de Ganemos sino que, además, tendrá que pagar las costas del procedimiento, que ascienden a 16.000 euros.
En la sentencia dictada por el juez Luis Acayro Sánchez se dice que la función de este auxiliar (que tenía un 40% de jornada laboral) era realizar un «asesoramiento especial» y que «no ha quedado acreditado que incumpliera su jornada» pese a que el Ayuntamiento le hizo un seguimiento de los días en que estaba a o no en su puesto de trabajo. Además, se le habría notificado que no cumplía sus horas «de manera distinta» a cómo se le venía comunicando todo, lo que al juez le parece relevante. Esto le lleva a decir que «se ha producido una clara desviación de poder al hacerse al margen del grupo político que le propuso y basarse en un hecho no aprobado».
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