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La empresa SIEC no tendrá que pagar los 46.000 euros con los que el Ayuntamiento de Santander le había sancionado tras el incendio del Museo de Arte de Santander (MAS), cuando esta empresa realizaba las obras de accesibilidad arquitectónica y reforma de ... la cubierta de este edificio. El juez concluye que el siniestro fue consecuencia de una «cadena de errores» más que responsabilidad de la empresa, que según subraya «en todo momento comunicó su actuación con tiempo suficiente y por los cauces adecuados».
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 deja sin efecto, «al no ser ajustada a derecho», a la vez que impone las costas procesales al Ayuntamiento, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de Santander (de octubre de 2018), por el cual, después del incendio en el Museo de Arte Moderno de la ciudad, se impuso a la constructora SIEC una multa de 46.000 euros al entender que había incumplido el contrato de las obras de reforma y mejora de este centro cultural. Contra esta decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander la empresa presentó un recurso para destacar que se encontraba «ante muchas contradicciones y ante muchas preguntas sin respuesta sobre un incidente que generó mucha convulsión social y política en Santander y que, a juicio de esta parte, se solucionó buscando una cabeza de turco, que no es otro que Siec, para justificar demasiadas negligencias».
Después del incendio registrado en el MAS la madrugada del 20 de noviembre de 2017 en el área del almacén, el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador a la adjudicataria de las obras al entender que se habría producido un incumplimiento de las condiciones del contrato, por haber desactivado el sistema de detección de incendios en el edificio durante la ejecución de las obras.
Sin embargo, el juez concluye que la empresa no incumplió ninguna medida de seguridad ni desactivó el sistema de detección de incendios sin conocimiento ni autorización de la Administración. Primero porque los sistemas de detección de incendios estaban desactivados desde el mes de junio de 2017, cinco meses antes de que se produjera el incendio. En este sentido, señala que la eventual responsabilidad por incumplimiento de la obligación de tener activado el sistema de detección de incendios no habría que centrarla tanto en que la noche del incendio estuviesen puntualmente desactivadas como en que la situación fue previa y prolongada en el tiempo.
Además, sostiene que de dicha situación previa y prolongada tuvo conocimiento Codelse, la empresa responsable del mantenimiento de los sistemas de detección de incendios de las dependencias municipales, quien «debía comunicar a la Administración cualquier cambio en las medidas de protección que se adoptasen de acuerdo al protocolo de comunicación establecido por las partes, pero no lo hizo».
Asimismo, la sentencia recoge que el proyecto sólo preveía el desmontaje para la posterior instalación de los sistemas de detección de incendios, pero no se concretó previsión alguna a su situación durante la obra. «Es decir, que una vez desmontados se limitaron a comunicarlo, que era hasta donde llegaba su responsabilidad sin que se haya acreditado incumplimiento del proyecto de obra ni del plan de seguridad y salud alguno».
El grupo municipal socialista de Santander ha anunciado este viernes que pedirá a la alcaldesa, Gema Igual, que aclare los hechos y que depure las responsabilidades «que corresponda», tras la sentencia que ha anulado la sanción que el Ayuntamiento.
El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha explicado que su grupo quiere conocer las decisiones «tomadas y no tomadas» que llevaron a ese incendio ocurrido el 21 de noviembre de 2017, después de que la sentencia haya dictaminado que «no se incumplió ninguna medida de seguridad, no sé desactivo el sistema de alarmas sin conocimiento ni autorización del Ayuntamiento, y se siguió el protocolo de comunicación previo para el mantenimiento de los sistemas de detección de incendios».
Fernández considera, en un comunicado, que el equipo de gobierno «no explicó entonces ni ha explicado todavía porque las alarmas estaban desactivadas desde 5 meses antes del incendio, desde junio de 2017, y por tanto se actuó con temeridad e irresponsabilidad desde el Ayuntamiento mucho antes del incendio».
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