El juez salva del derribo al edificio de Reina Victoria 'acusado' de ruina económica

El conflicto vecinal se remonta a finales de 2019, aunque se hizo público el pasado verano. En el vistoso edificio, de un azul que resalta entre inmuebles de color neutro, aparecieron unos carteles aún más llamativos. En las plantas superiores se podía leer: «Edificio amenaza ruina». Pero en los pisos inferiores, el mensaje era diferente: «Aunque presionen, no vendo». El enfrentamiento se trasladó al Ayuntamiento, donde los dos particulares de los pisos superiores -un matrimonio que posee el 55% del edificio- registraron la declaración de ruina del inmueble mientras los propietarios del bajo y del primero presentaron alegaciones.

Un mes después de que los vecinos le trasladasen sus posiciones, en agosto del año pasado el Ayuntamiento se apoyó en un informe de los técnicos municipales para dar la razón a los segundos y concluyó que el edificio no estaba en ruina económica -figura que consiste en declarar que su reparación cuesta más del 50% del valor total del inmueble-, pero que necesitaba resolver una serie de deficiencias. En concreto, desde el Consistorio exigían que la comunidad de vecinos reparase la cubierta para evitar filtraciones de agua, corrigiera las deficiencias en los forjados de la tercera, cuarta y quinta planta, arreglase la fachada norte y dotase de instalaciones de abastecimiento de agua y evacuación en los cuartos húmedos. Cuando estuviera todo listo, tendría que presentar un certificado final de obra y solicitar el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), que actualmente es desfavorable. Para todo ello contaba con unos plazos que quedaron paralizados con la denuncia de los vecinos que insistían en el derribo y que, no satisfechos con la posición del Ayuntamiento, lo llevaron a juicio. Ahora, con el juez también a favor de la rehabilitación, la comunidad de vecinos tendrá que ejecutar sí o sí las reparaciones y, en caso de no hacerlo, podría enfrentarse a la ejecución forzosa de las obras y también a multas.

Así, está claro qué paso toca dar ahora: reparar las deficiencias del edificio para obtener el IEE. Aunque la teoría parece fácil, en la práctica no lo es, ya que los propietarios tendrán que ponerse de acuerdo tras un tiempo enfrentados, lo que dificultará las negociaciones a pesar de que existen unos plazos legales para desarrollar las intervenciones si ninguno quiere enfrentarse a consecuencias legales. Eso, teniendo en cuenta que la sentencia aún no es firme y que los propietarios que no estén de acuerdo con el auto podrán presentar alegaciones en un plazo de quince días desde que se notificó la sentencia, el pasado 12 de diciembre.

Pero no siembre hubo mala sintonía entre los vecinos del número 17 de Reina Victoria. Cuando llegaron los últimos propietarios, los que quieren mantener en pie el inmueble, todos se pusieron de acuerdo en reparar las deficiencias y obtener así el IEE. Esto fue en 2018. Entonces, se aprobó por unanimidad realizar las obras necesarias, con una derrama en torno a los 65.000 euros. Todo iba bien durante los primeros meses y la primera fase de las intervenciones terminó a principios de 2019.

Pero, aunque había dinero en la cuenta de la comunidad, «la factura no se pagó y ahí empezó el enfrentamiento entre vecinos», explicaba entonces la parte que quería evitar el derribo. El entonces presidente, de la otra parte, no solicitó los permisos al Ayuntamiento para seguir con la obra y colocar los andamios necesarios para continuar con la rehabilitación. Vivía en otra zona de Santander y dejó de responder las llamadas y mensajes del resto. A finales de 2019, informó de que iba a vender su parte -venta que se truncó con la pandemia- y el resto de propietarios le quitaron la presidencia de la comunidad para poder continuar con las obras.

Ahí empezaron las denuncias que llevaron a parte de la propiedad a solicitar la ruina económica, paralizándose las intervenciones cuando quedaban «en torno a 20.000 euros» de inversión para terminarlas.