El Juzgado de Menores impone una orden de alejamiento a los cuatro investigados del Torres Quevedo

Dado que los cuatro estudiantes en cuestión no podrán seguir acudiendo al centro, la jueza señala que esta decisión se debe comunicar tanto a la dirección del mismo como a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria «para que se garantice en todo caso el derecho a la educación de los menores expedientados».

El juzgado toma estas precauciones aunque las familias de los alumnos investigados por acoso escolar a un compañero con discapacidad ya habían decidido por su propia voluntad abandonar el IES Torres Quevedo, tal como anunciaron días atrás.

El Ministerio Público solicitó el pasado viernes para los investigados alejamiento del menor perjudicado respecto de su persona, domicilio y centro de estudios, y la prohibición de comunicación por cualquier medio y hasta que se ponga fin al proceso.

En la medida cautelar decidida por la juez que se ha conocido este miércoles, se establece justamente la prohibición de acercarse y de comunicar con él por cualquier medio o a través de terceras personas hasta que haya una sentencia firme. En el auto (contra el que cabe recurso) la juez explica que la medida «guarda la necesaria proporcionalidad con los hechos por los que se ha incoado el expediente».

La petición de la Fiscalía se tenía que resolver conforme a la Ley del Menor (Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero), una vez oídas las defensas.

Los cuatro alumnos implicados en los hechos están investigados por posibles delitos de lesiones o maltrato de obra -que se caracteriza por actos de violencia que implican un trato vejatorio, humillante o denigrante hacia otra persona, pero sin causar lesiones corporales visibles o de consideración- y de discriminación. Tanto ellos como la directora del instituto Torres Quevedo comparecieron ante la Fiscalía de Menores la semana pasada y la madre del alumno afectado hizo lo propio este pasado lunes.