La larga espera del espigón de La Magdalena

Ahora, desde el Congreso de los Diputados, Pedro Casares asegura que el Ministerio de Transición Ecológica está realizando «todos los trámites para retirarlo inminentemente», aunque todavía se desconoce cuándo se hará y qué fórmula se utilizará para evitar la pérdida de arena.

La construcción de los diques dio quebraderos de cabeza incluso antes de que se colocase la primera piedra. Su inicio, planteado para mediados de 2016, se atrasó hasta enero de 2018 porque el Gobierno regional no estaba conforme con cómo se iban a desarrollar las intervenciones y llevó el asunto a los tribunales. Aunque su protesta no prosperó, fue suficiente para que las obras se retrasasen un año y medio. Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Gema Igual, se posicionó desde el principio a favor de los diques, «como única solución para mantener la playa y evitar la pérdida de arena». Entonces, el PP gobernaba en solitario con mayoría absoluta.

Fuera del ámbito político, las protestas contra los diques no tardaron en llegar. Plataformas como 'Salvar la Magdalena', Alceda y Arca convocaron quedadas periódicas para pedir su suspensión. Lo consiguieron después del verano, tras la construcción del primero y antes de que comenzasen el segundo.

Pero con un sólo dique no se puede frenar la pérdida de arena. Tras la paralización de las obras, el Instituto de Hidráulica (IH) expuso que dejar el proyecto a medias no tendría el efecto esperado sobre la arena. De hecho, sus expertos aseguraron que, si no se tomaban medidas, la playa de La Magdalena se quedaría sin arena en los próximos años.

Aunque desde el Ayuntamiento apoyaban el proyecto, su posición cambió tras las elecciones de 2019. Igual aceptó pedir la retirada de los diques para conseguir el apoyo de Ciudadanos y gobernar en coalición. La alcaldesa cumplió su parte y ha insistido en varias ocasiones al Ministerio y a Costas para que reviertan las intervenciones. Eso sí, pide que se sigan realizando rellenos para evitar la pérdida de arena.

Ahora, es el Gobierno central quien debe actuar y el socialista Pedro Casares, ahora diputado y antes líder de la oposición en el Ayuntamiento santanderino, anunció a principios de octubre «el compromiso firme» de retirarlos. «De la misma forma que tuvo que haber un proyecto para construir los espigones, ahora tiene que haber otro para revertir la obra y no causar más daños ambientales», asegura, aunque, por el momento, no baraja fechas.