El lío de los papeles de las viviendas de El Campón

La falta de consenso surgió en octubre. Primero, cuando el actual Ejecutivo autonómico (PP) dijo que el dinero de El Campón se destinaría a otras obras. Segundo, cuando en el Pleno municipal de ese mes la alcaldesa Gema Igual justificó que el Gobierno destinase el dinero (13 millones de euros) a otros proyectos porque, según expuso, no daba tiempo a levantar las viviendas antes de 2026 -como exigía la normativa de Europa- y la subvención podría perderse. Y ahí se intensifica el lío, cuando la regidora señaló como causa del retraso que la Consejería de Políticas Sociales, que en la anterior legislatura abarcaba el área de Vivienda y lideraban los socialistas, no mandó las últimas correcciones que exigieron desde el Consistorio para poder hacer la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), necesaria para construir las viviendas.

Desde el grupo socialista del Parlamento pidieron en noviembre a la actual Consejería de Fomento -donde está ahora el área de Vivienda- toda la documentación referente a El Campón y, de los seis documentos que les remitieron, el último eran las correcciones que el anterior Gobierno envió al Ayuntamiento. En el expediente completo no hay ni rastro del informe al que ahora hace referencia el PP municipal, datado de abril, y en el que volvían a rechazar la petición del Ejecutivo para modificar el PGOU. Sin embargo, el Consistorio asegura que «en los últimos meses» trabajan junto al Gobierno en base a ese último informe: «Los arquitectos de la empresa encargada de la redacción están trabajando ya en los cambios y en breve presentarán su propuesta».

La cronología en términos de papeles y registros es el siguiente. El Gobierno de Cantabria solicitó por primera vez el 19 de diciembre de 2022 al Ayuntamiento la modificación puntual del PGOU para poder construir las 250 viviendas de El Campón. Acompañó la solicitud con un borrador de la modificación que planteaban, un documento de más de 45 páginas con sus respectivos planos, y la instancia de registro de dicho documento. La respuesta no se hizo esperar mucho.

El 16 de febrero de 2023, el Ayuntamiento contesta al Ejecutivo con un informe técnico del servicio municipal de Urbanismo donde deniega la petición y le indica qué correcciones debe hacer en el borrador de la modificación para poder darle luz verde. Este documento tiene en la esquina superior izquierda el sello de registro de salida que confirma que se ha enviado al Gobierno. Y el Ejecutivo remite mes y medio después, a finales de marzo, el texto con las correcciones solicitadas por el Consistorio.

Y aquí surge el pique directo entre populares y socialistas. En el informe del Ayuntamiento con fecha del 20 de abril de 2023 en el que deniega de nuevo el borrador de la modificación puntual que pedía el anterior Gobierno no aparece, como en el primero, el sello en la esquina superior izquierda donde se confirma el envío del documento.

Del cruce de papeles, el PP y el PSOE pasan al de acusaciones. El portavoz del PSOE municipal, Daniel Fernández, publica en sus redes sociales que «el PP miente». Y que, tras haber denunciado la parálisis del proyecto, «aparece un informe negativo desconocido que no está incluido en el expediente». Por su parte, los populares aseguran que los socialistas tratan de crear «una falsa polémica con la que desviar la atención sobre el hecho de que la Consejería de Vivienda, durante su mandato, no haya construido ni una vivienda en Santander».