«Hemos llegado tarde» con las dos hermanas de la calle Burgos

«Hemos llegado tarde, de eso no cabe duda». La afirmación es del concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín. «En casos como este, donde no existe familia ni circulo de amistades que pueda dar la voz de alarma, a veces es complicado detectar las vulnerabilidades.

Su concejalía lleva invertidos este año más de cinco millones de euros en diferentes ayudas: teleasistencia, ayuda a domicilio, comida en casa... Todo orientado a esas personas mayores de 65 años que deciden vivir en su casa aunque tengan algún grado de dependencia.

«Luego está el programa de vulnerabilidad, que se diseñó para asistir a casos donde no existe red social o familiar y que precisan de una vigilancia muy estrecha», asegura Lavín. Ninguna de las dos hermanas muertas estaba inscrita en ese programa. «Nos alertó su abogado hace muy pocas semanas, probablemente cuando se enteró de que a través de este plan podría retrasar el desahucio que estaba programado, al parecer, para esta semana», relata el edil.

Los técnicos del Ayuntamiento se personaron en la vivienda, comprobaron las condiciones en las que vivían las mujeres y decidieron la conveniencia de que entraran en el plan municipal. «El informe se aprueba el 26 de abril. Pero es que nunca antes habíamos tenido forma de enterarnos de que existía esta vulnerabilidad», concreta Lavín.

El informe fue directo al juzgado y fue allí donde el magistrado deliberó posponer el desahucio un mes. Probablemente esa noticia nunca llegó a oídos de las dos mujeres.

Cuando el pasado miércoles encontraron los cadáveres, el abogado llevaba dos semanas telefoneándolas sin recibir respuesta. «Tampoco las veíamos entrar o salir, la verdad. Estuvimos muchos días sin saber de ellas», cuenta una de las vecinas del piso superior, que ya vivió episodios en que una de las hermanas, la más joven, que cuidaba de la mayor, enferma e invidente, le llamaba para pedir socorro. «Un día me hizo bajar a su casa de madrugada y su hermana estaba agonizando. No sé si habrían ingerido algún medicamento en una dosis excesiva», comparte. «Recuerdo que gritaba una y otra vez ¡Nos quieren echar de casa! ¡Nos quieren echar de casa!», lamenta a continuación.

La solución, según el propio Ayuntamiento, habría trascendido sus competencias. «El principal problema que tenían estas mujeres era habitacional. Por eso lo más lógico, y creo que el abogado estaba en ello, era que hubieran acudido a su centro de salud y que desde allí hubieran puesto el caso en conocimiento del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). Una vez allí, lo normal es que hubieran encontrado una alternativa habitacional para ellas», remarca Lavín.

Pero hay otras formas de verlo. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aseguran que, en este caso, «se llega tarde por varios motivos. Primero, por su situación, ellas no han dado señales. Segundo, los Servicios Sociales de Santander, como los del resto de Cantabria, no funcionan la hora de detectar ninguno de estos casos. Tercero: no existe una ley en Cantabria que garantice una vivienda social», critica Óscar Manteca, representante de esta plataforma.

«Necesitamos ya un parque de viviendas público, es necesario que haya un seguimiento por parte de los Servicios Sociales de los ayuntamientos... No se puede permitir que dos personas con más de 70 años se vean en la calle. Esto no se arregla con un informe de vulnerabilidad a la espera de que el juez solucione la situación», reivindica. «Habría que haberles asistido con ayuda psicológica, que estaba claro que la necesitaban, y habría que haber estado mucho más encima, porque está claro que ellas ni siquiera supieron que la orden de desahucio se posponía», concluye Manteca.