«Llevo cuatro años pagando la hipoteca del piso y aún no he podido vivir en él»

El inmueble está ahora en medio de una tramitación municipal de declaración de ruina económica solicitada por el matrimonio. Esto no quiere decir que exista riesgo de derrumbe, sino que estos propietarios consideran que la rehabilitación del inmueble sería más costosa que el 50% de su valor actual. Aunque el arquitecto municipal se desplazó hasta allí y enumeró varias deficiencias, también expuso que no son urgentes y no requieren apuntalamientos ni desalojo.

Cuando Alonso adquirió su piso, su intención era rehabilitarlo cuanto antes para hacerlo habitable. «De hecho, me acogí a la reducción del 5% del impuesto de transmisiones porque pensaba arreglarlo en un plazo inferior a 18 meses desde la compra, el máximo marcado por la ley para obtener el descuento». Pero tras muchas idas y venidas, finalmente el tiempo se le echó encima y tuvo que pagar el total.

Fue a principios de 2018 cuando el IEE del edificio resultó desfavorable y el Ayuntamiento ordenó la reparación de deficiencias. «Nos reunimos todos los vecinos y se aprobó por unanimidad realizar las obras necesarias. Acordamos una derrama de más de 65.000 euros». El presidente de la comunidad, que es quien ahora pide la ruina económica, presentó entonces la solicitud de licencia de obras y la empresa Grupo Acebo comenzó con el refuerzo estructural.

La constructora terminó la primera fase de las obras a principios de 2019. «Pero no se pagó la factura por los trabajos realizados, aunque había dinero asignado en la cuenta corriente», lamenta Alonso. «Para continuar con las obras había que instalar andamios y el presidente, que vive en otra zona de la ciudad, no llevó el proyecto al Ayuntamiento ni pagó». Aunque le enviaron una carta para pedirle información, «no obtuvimos ninguna respuesta».

Ante la falta de noticias, el resto de propietarios -que suponen el 45% de la comunidad- le enviaron un burofax para solicitar una reunión urgente. «Aunque no pagó lo primero, propuso incluir en el presupuesto la instalación de un ascensor». Así, se hizo un nuevo presupuesto cerrado con todas las obras que quedaban por realizar, cuenta Alonso, «pero no se retomaron». «El presidente deja de contestar otra vez, pasan siete meses sin que sepamos nada de él y con todas las obras paralizadas». A finales de 2019, informa de que ha vendido su parte de la propiedad a una constructora. «Así que hicimos una nueva reunión de vecinos y le quitamos de presidente». Ante el mal estado de las galerías del edificio, que estaban cayéndose, «actuamos por nuestra cuenta y las reparamos», cuenta Alonso.

Pero el asunto no quedó ahí. «El pasado septiembre, la mujer del antiguo presidente vino y nos dijo que le habíamos quitado la Presidencia de forma ilegal, pues a raíz del covid su comprador se había echado atrás y no habían conseguido vender. Nos llevó a juicio, ganamos, y ahora ha pedido la ruina económica». Alonso también apunta que esta solicitud, basada en unos datos presentados por el expresidente, «no son reales». «Nosotros también hemos pedido una tasación a Tinsa, una de las empresas con más prestigio, y marca el valor del edificio en el triple de lo que presentó el otro propietario. Además, las rehabilitaciones pendientes son de en torno a 20.000 euros, no queda nada», detalla.

Ahora, es el Ayuntamiento de Santander quien decidirá con la documentación de ambas partes el destino final del edificio.