Una viuda de 62 años y su hijo discapacitado serán desahuciados el próximo lunes en La Albericia

Encarnación y José sobreviven con dos pensiones de 333 euros cada una y hasta ahora algunos familiares y amigos les habían ayudado a pagar el alquiler. «Una señora, conocida mía, me ayudaba a pagar la casa y con la pensión nuestra yo pagaba el agua y la luz, malamente, pero lo pagaba», comenta la propia Encarnación muy afectada y nerviosa por estar viviendo esta situación. Pero «las cosas se cruzaron este año -añade- y la señora dejó de ayudarme y ya no pude volver a pagar mi alquiler, aunque sigo pagando por el agua y la luz. El dueño de la casa me dio un plazo y yo, a aunque yo no sé leer, se lo firmé. Ahora debemos 3.600 euros y nos quieren echar». Ahí empezó el calvario para esta mujer y su hijo, a los que, por el momento, nadie ha dado ninguna solución para poder acceder a una vivienda social, a pesar de que la plataforma Stop Desahucios ha comunicado ya la situación a Gesvican.

Encarnación entiende que el propietario haya iniciado la demanda, pero es que «nosotros no tenemos ningún sitio dónde ir y nadie nos da una solución. Ni Cáritas, ni el Gobierno, ni la trabajadora social del Ayuntamiento, ni uno que se llama Enrique (del Ayuntamiento de Santander), que ahora está de baja nos han dado una solución. Y yo no sé qué hacer», lamenta la mujer.

Además Encarnación comenta que ni tan siquiera los vecinos del bloque en el que viven, en La Albericia, se han solidarizado con ella y su hijo. «Yo creo que ellos también tienen ganas de que nos vayamos mi hijo y yo, porque como soy gitana...», comenta apenada.

El pasado 3 de mayo la familia, asesorada por la plataforma, presentó un escrito en el juzgado para paralizar el desahucio, aunque todavía no han recibido ninguna respuesta y por eso este jueves se personarán en los juzgados de Santander en Salesas para interesarse por el asunto. «Vamos a ir a los juzgados a ver si nos dan una solución, pero yo ya no tengo muchas esperanzas», dice ella. En la solicitud de paralización, se exige la aplicación del reciente Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Dicha normativa, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, obliga a suspender los desahucios una vez recibidos los informes sobre la situación de vulnerabilidad social y económica de los afectados por parte de los servicios sociales competentes. Concretamente, la norma expresa que será hasta tres meses en el caso de demandantes que sean entidades y 1 mes en el caso de personas físicas.

Para Ruth Deguas, más allá de la posible suspensión de este desahucio, «lo más importante es conseguir con urgencia una vivienda para esta familia» y para ello se han iniciado conversaciones con Gesvican, aunque sin resultados positivos por el momento.