La mayoría absoluta da vía libre al PP en los proyectos condicionados por el pacto con Cs

Tal vez la batalla más encarnizada entre los socios de legislatura. Cs insistió en la necesidad de «repensar» el proyecto, sobre todo en lo relativo a «la losa» que, a su juicio, encajonará Castilla-Hermida. «Se puede cambiar cuando les dé la gana», defendió en campaña Javier Ceruti, que hizo bandera del asunto. Aunque, pese a las discrepancias locales, el Ministerio de Transportes dio un paso adelante a finales del año pasado con la idea de poner en marcha los primeros trabajos -motivado por una decisión del Pleno en la que PSOE y PRC votaron con el PP para retomar las obras-, resulta evidente que esas desavenencias internas estaban en el horizonte de cualquier avance. Los trabajos previos afectarán, en principio, a edificios y terrenos (Adif tiene presupuesto asignado en 2023). Luego, con eso hecho, lo que tocará será poner en marcha «el plan especial para esos terrenos», indica el concejal popular César Díaz. A nadie se le escapa que las posiciones enfrentadas tendrían efecto en el desarrollo. «Ahora -afirma Díaz- queda despejado el recorrido hasta el final».

De largo, el mayor 'sapo' que tuvo que tragarse el PP para conservar la Alcaldía fue que el Ayuntamiento pidiera públicamente la retirada de los espigones que ellos mismos habían defendido. La idea de los populares ahora es volver atrás: trasladar oficialmente una nueva postura al Ministerio con una moción en el Pleno para solicitar la paralización de la retirada de lo hecho y el «comienzo urgente» de la construcción del segundo dique, el subterráneo. Desde el PP anuncian que irán «de la mano del Instituto de Hidráulica (IH)» para atenuar en lo posible «el impacto visual y paisajístico». Bien, explica César Díaz, «porque se pueda minimizar la sección del dique sin que pierda eficacia para proteger la playa» (ahí el margen parece pequeño), o a través de otras actuaciones que mejoren «su integración» (habla de la posibilidad de hacerlo paseable). Siempre, con el IH y, a la vez, con una «posible colaboración de expertos paisajísticos»

«En el año 2019 se había dejado hecho un estudio con las diferentes alternativas para cubrir la plaza Porticada en el que se elegían finalmente tres», explica el portavoz de los populares en el Ayuntamiento. Díaz indica que también se «lanzó» entonces la modificación puntual del Plan General para poder hacerlo. «Pero esa modificación puntual para poder desarrollar la cubrición de la plaza la paró Ciudadanos». En esta legislatura, con la mayoría absoluta, «se retomará».

Los asuntos urbanísticos, es evidente, son los que más han enfrentado a los dos partidos que firmaron el pacto. Ceruti ha asegurado en numerosas ocasiones que les cedieron las competencias en Urbanismo «sabiendo que no iban a cumplir» lo acordado. Del otro lado insisten igualmente en que Cs ha paralizado varias iniciativas en marcha. Una de las que va a retomarse tiene que ver con otra modificación puntual del PGOU. «Tras la anulación del Plan en 2012, el Colegio La Enseñanza presentó una modificación puntual para facilitar su viabilidad. Eso se consensuó con ellos. Una modificación con algunos ajustes respecto al Plan de 2012. Se consiguieron informes favorables y hasta el visto bueno en la valoración ambiental del Gobierno. Estaba todo preparado para llevarlo al Pleno», relata Díaz. En ese momento, dice, quedó estancado. «Si el colegio sigue en la misma línea que entonces, también se retomará».

Uno de los asuntos pendientes en la agenda municipal desde hace décadas es el de la regeneración del Cabildo de Arriba, un punto en pleno centro de Santander que cuenta en su historia con derrumbes que se han llevado vidas por delante. Una crónica negra y un laberinto de trámites administrativos del que tampoco se ha salido en esta legislatura. Díaz explica que estaba adjudicada la redacción de otra modificación del Plan General que permitiría retomar el Plan Especial previsto para esta zona, un documento que se vino abajo, precisamente, cuando cayó el PGOU. Esa era la fórmula que ellos proponían para avanzar. Sin embargo, tras el pacto, se trazó un nuevo rumbo. Que cualquier actuación estuviera precedida de un concurso de ideas. «Se retomará la modificación puntual del Plan General en el marco urbanístico para poder actuar cuanto antes, una modificación con el alcance del Plan Especial». O sea, un retorno a la idea inicial.

La finca de La Remonta se coló con cierta polémica en la campaña electoral cuando el socialista Pablo Zuloaga planteó la posibilidad de levantar allí hasta 1.500 viviendas aprovechando un anuncio de Pedro Sánchez para construir vivienda pública por todo el país en terrenos que son propiedad del Ministerio de Defensa. El problema es que en el PSOE municipal -y en todos los partidos con representación en el Ayuntamiento- tenían claro que allí lo previsto era un gran «pulmón verde». Había consenso. Al final, el Consejo de Ministros incluyó la finca de Campogiro en el plan de Sánchez, pero reduciendo la posibilidad de edificar a 257 viviendas (y el Consistorio se apresuró a decir que, en cualquier caso, necesitarían su visto bueno). Aquí PP y Cs no parecían tener grandes diferencias, pero sí en cuanto a la negociación para que Defensa les ceda la finca. Ahí estaba el debate antes de la cita con las urnas. Para Díaz, «sorprendentemente», Ciudadanos fue en la línea de que «para tramitar la cesión había que pagar». No se llegó a un acuerdo con el precio, relata el concejal, pero eso era lo que estaba sobre la mesa, según su testimonio. El PP insiste en que no es necesario y, por tanto, ahora enfocará la negociación de otra manera.

«Si no hay viviendas en la finca y, por tanto, no va a producirse un uso lucrativo de esos terrenos, la cesión -según el concejal- puede ser perfectamente gratuita». La mayoría absoluta supondrá, por tanto, «un cambio en la postura de la negociación».