La Mesa de Contratación propone suspender el proceso de adjudicación de Parques y Jardines

Los integrantes de la Mesa valoraron este viernes dichos informes en una reunión y concluyeron que su contenido respalda y justifica la declaración del «desistimiento». Así, de un lado, se evidencia la modificación de las circunstancias y necesidades del Ayuntamiento en cuanto a procedimientos y criterios a aplicar para realizar un correcto seguimiento e inspección del contrato y, por otro, constata errores no subsanables en los pliegos respecto al número, relación y categorías de los trabajadores subrogables.

Esta última cuestión se deriva de los resultados del informe de control financiero que levantó una enorme polvareda hace meses -y que afecta directamente a la licitación en curso-, dado que, según el documento de la Intervención Municipal, quedaba acreditado el incumplimiento de la actual adjudicataria respecto al número y categorías del personal asignado al servicio.

¿Y ahora? Pues de momento se abre un trámite de alegaciones en el que podrán participar las empresas implicadas en el proceso y, tras su resolución, la Mesa remitirá una propuesta de acuerdo para ser aprobada por la Junta de Gobierno Local. Hay que recordar que el complejo procedimiento de licitación se inició el 29 de agosto de 2017 y se resolvió, en principio, el 22 de noviembre de 2018, considerándose como la oferta mejor valorada -conforme a los criterios establecidos- la de la UTE formada por las empresas Imesapi-Copsesa-La Encina. No obstante, al solicitarse la documentación acreditativa de la totalidad de los costes salariales de los empleados, se evidenció en los preceptivos informes jurídicos y económicos un margen muy estrecho para atender el resto de obligaciones del contratista, por lo que se decidió elevar una consulta a la Junta Consultiva en abril de 2019.

Mientras se estaba a la espera de la respuesta, el servicio de Intervención Municipal emitió un informe en noviembre de 2019 donde se constataba el incumplimiento de la actual adjudicataria respecto al personal asignado a la prestación del servicio. Dicha circunstancia afecta a la licitación del nuevo contrato en cuanto a la formulación de ofertas en condiciones de igualdad, concurrencia y no discriminación, lo que no sería subsanable.

De otro lado, y tras el informe de control financiero, el servicio de Parques y Jardines no ha dispuesto de técnico hasta el 5 de mayo. Y es él quien se encarga desde ese momento del análisis del pliego de prescripciones técnicas particulares. Así, en su informe determina la necesidad de incluir en el documento de la base de licitación el requisito ineludible de establecer las instrucciones necesarias para el correcto control del servicio.

A la vista de estos documentos, «con la concurrencia de las citadas causas justificadas y actuando por razones de interés público», la Mesa de Contratación ha adoptado el acuerdo de desistimiento, validado por resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales.

Mientras la adjudicación se paraliza, la UTE Urbaser-Contratas Piñera sigue siendo la encargada de realizar el servicio, ya que es esencial y no es posible que se detenga mientras se resuelve el nuevo contrato. Aún así, esta empresa, que sigue gestionando la actividad más allá del fin de su contrato, tiene varios expedientes abiertos en su contra sin resolver, supuestas irregularidades cometidas desde el año 2012 en la prestación del servicio. El interventor municipal presentó a finales del 2019 un informe en el que aseguraba que esta concesionaria no había justificado partidas que sumaban casi seis millones de euros destinadas a personal, medios técnicos empleados y revisiones de precios.

Ante los informes negativos, la alcaldesa Gema Igual comunicó que se apartaba al jefe de servicio de Parques y Jardines de sus funciones y que se habían dado los pasos para poner en marcha los «expedientes de imposición de penalidades y de determinación de daños y perjuicios por los presuntos incumplimientos». Además, la regidora indicó que, siguiendo las indicaciones del propio interventor, se ponían en marcha los mecanismos para reestructurar el servicio municipal (en el documento se habla de una «deficiente organización») y que el nuevo contrato quedaría adjudicado antes de un plazo no superior a los dos meses, aunque ya han pasado seis más -con pandemia por medio-.