El Ministerio estudiará ahora si «es menos lesivo quitar el espigón o hacer el segundo»

Hasta hoy, lo que se sabía era que el Ministerio seguía adelante con su intención de retirar el espigón que está en pie. De hecho, tenía pendiente -y ya iba con retraso- la licitación del contrato, valorado en 1,5 millones de euros. Seguía adelante con su plan pese a que ahora tanto Santander como Cantabria pedían lo contrario a lo que venían pidiendo hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Desde entonces, Gema Igual ha podido regresar a su posición inicial, que entre 2019 y 2023 tuvo que cambiar contra su voluntad por exigencias de Javier Ceruti, ya que su socio de Ciudadanos se ponía a los espigones. Pide con insistencia que no se retire el dique de La Magdalena y se levante el de Los Peligros. Sea por su insistencia o no, parece que el Ministerio vuelve a abrir la puerta a esta posibilidad. Y esa es la novedad: que Madrid ya no dice que, sí o sí, retirará el espigón. Ambas opciones vuelven a estar sobre la mesa.

Eso sí, Transición Ecológica no tomará una decisión por la presión política, sino en base a informes técnicos y medioambientales. Así lo confirma a El Diario Montañés el número dos del Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera. «Igual que hay que hacer una evaluación ambiental para construir, hay que hacerla para quitarlo. Ese informe tiene que determinar si es más o menos lesivo mantener el espigón o demolerlo. Todo teniendo en cuenta que a continuación (si se mantiene) hay un segundo espigón que habría que construir. O no», señala Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, que la pasada semana visitó Torrelavega para hablar de políticas de sostenibilidad y explicar a los ganaderos la posición del Gobierno central sobre el lobo.

Esto quiere decir que, por lo menos de momento, la licitación de ese contrato para retirar el actual dique está paralizada. Se reactivará o no en función de lo que digan los expertos. En cualquier caso, Morán lamenta que la actitud del Ayuntamiento de Santander esté obligando al Ministerio a «reconducir continuamente la situación». Además, insiste en que el último cambio de opinión de la alcaldesa Igual, que ya acumula tres posiciones distintas respecto al asunto, supone «rizar el rizo»: «Las mismas administraciones que pidieron una cosa, un tiempo después piden absolutamente la contraria y ahora vuelven a la primera posición. Confío en que más adelante no vuelva a haber un nuevo cambio de opinión». El secretario de Estado de Medio Ambiente considera que la regidora está «jugando de forma frívola» con el presupuesto público y con la ejecución de una infraestructura de utilidad.

Morán señala que la actitud del Ayuntamiento de Santander está teniendo consecuencias negativas en varios ámbitos. En primer lugar, que dificulta y genera desconfianza entre administraciones en su obligación de cooperar para sacar adelante los distintos proyectos, pero sobre todo que «traslada a la ciudadanía un mensaje confuso que genera tensión entre los santanderinos porque les obliga a posicionarse y alimenta el conflicto social».

A ello añade el sobrecoste que supone -la factura la tiene que pagar el Ministerio, que también pagó la del primer espigón y la redacción del proyecto para despontarlo- retrasar más las actuaciones en un sentido u otro por el aumento de los precios de los materiales.