La naviera que mueve armas desde el Puerto seguirá operando en Santander el año que viene

El movimiento de armas que la naviera saudí Bahri realiza desde el Puerto de Santander va a continuar «al menos» hasta finales de año, aunque «la intención» es seguir exportando este material desde Raos también el año que viene. Así lo confirmaron fuentes de la empresa en España, que defiende su actividad como «perfectamente legal, cumpliendo todos los requisitos» del comercio internacional, por un lado, y «con el 100% de las condiciones de seguridad» que les exigen las normativas para estas operaciones por otro.

La idea «es seguir trabajando con total normalidad» desde Santander. «No hay ningún ocultismo y menos ahora que el Gobierno de España» ha sido transparente con esta cuestión y ha apostado por afrontar los compromisos pese al clamor desatado en Europa contra Arabia Saudí, en guerra con Yemen desde hace varios años, y sobre todo tras el asesinato de un periodista (Jamal Khashoggi) en circunstancias no aclaradas, que ha generado grandes dudas en la comunidad occidental.

Como es sabido, estas cargas llegaron a Santander procedentes de Bilbao, donde las movilizaciones de algunos colectivos hicieron desistir a la firma saudí de seguir usando aquella infraestructura. Una voz autorizada de la sociedad señaló, sin embargo, que la decisión de salir del Puerto de Bilbao para operar con armamento no se debió «exclusivamente» a la presión social. «El consignatario necesita un puerto de referencia en el Norte de España» y, «en un momento dado, por cuestiones operativas», se decantó por Cantabria donde, por cierto, «ésta no es la única empresa» que asume esta clase de transporte.

Desde Bahri se matiza que no se ocupa «solo» de trasladar material de uso bélico. «Es una línea comercial regular que contrata cargas muy distintas». Pero el resto de instrumental poco importa a la opinión pública española cuando el país árabe está en el punto de mira de toda Europa y ha llevado a su principal economía, Alemania, a anunciar que suspende la venta de armas hasta que se esclarezca el asesinato del citado periodista. El asunto también ha traído una larga cola en España al destapar una grieta en el Gobierno de Pedro Sánchez: mientras la ministra de Defensa (Margarita Robles) exigía poner los Derechos Humanos por delante del negocio, el propio presidente explicó al Congreso que lo que prima para el país es el respeto por los contratos firmados. España mantendrá, pues, la venta de armas para proteger los miles de puestos de trabajo que hay en juego.

En este contexto, en marzo se supo que Santander fue elegida por Bahri tras abandonar Bilbao. El colectivo Pasaje Seguro se ha pasado meses denunciando «irregularidades» en sus operaciones mientras la Autoridad Portuaria de Santander (APS) daba la callada por respuesta. Pero hace escasas fechas el presidente del Puerto, Jaime González, contó en la cadena SER que las 400 bombas de precisión láser que Arabia usó recientemente en el conflicto con Yemen -y que significaron muertes de civiles poco después- habían salido de la capital cántabra. Preguntado por este periódico, González echó balones fuera: desde su entorno se limitaron a indicar que cualquier dato debe ser facilitado por los ministerios de Defensa o Interior. También ha trascendido que el máximo responsable del Puerto ha aludido al problema de seguridad que crear estas cartas en los Consejos de Administración de la institución, diciendo que el trasiego de armamento tendría que gestionarse desde un puerto exterior y no en unas dársenas tan cercanas a la población.

Aurora Otero, integrante de Pasaje Seguro, asegura tener evidencias de que estas operaciones en Raos se ejecutan «de forma ilegal». Según relata, el buque de la naviera oficial saudí 'Bahri Hofuf' ha llegado en alguna ocasión con el sistema de geolocalización apagado a Santander, para impedir que se pueda seguir su ruta marítima. «El 25 de septiembre fue la última vez que entró así». También critica que se le «borre el nombre» al carguero para que no pueda ser identificado y alerta sobre lo peligroso de manipular explosivos cerca de un barrio tan nutrido como Castilla-Hermida.

Otero remacha: el rechazo a estos cargamentos debe ser «frontal. No se pueden justificar los tráficos usando los puestos de trabajo cuando está habiendo muertes, aunque sean lejanas. Si no denunciamos, somos cómplices de los muertos. Si no reaccionamos, estamos dando cobertura».

Su postura es asumida por parte del espectro político y, a la petición de que se lleven de Santander este negocio, se suman tanto Podemos como IU, el PRC e, incluso, el PSOE de Cantabria. En el lado contrario están el PP y Ciudadanos, para quienes toda vez que se ha garantizado que este comercio es legal y, mientras se den las condiciones de legalidad, hay que cumplir los acuerdos. Otro en esta línea es el presidente del comité de empresa de la sociedad de los estibadores del Puerto (Sestisán): «Los trabajadores no vemos bien que se carguen estas armas -porque existe la sospecha de que sirven para atacar a la población civil- pero la solución a este problema está muy lejos de nosotros. Esto no se va a resolver por no hacer esta estiba. Negarse a este trabajo, al final, repercutiría en menor riqueza para toda la comunidad autónoma», apunta su portavoz, Pablo Gutiérrez.

La razón económica no es ni medio suficiente para Verónica Ordóñez (Podemos) que cree que España «puede hacer que los puertos funcionen sin vender muerte. La sociedad cántabra no puede seguir tolerando esta situación» . Tampoco para Israel Ruiz (IU), que sostiene que «hay que exigir a los gobiernos que no trafiquen con países en conflicto, como en este caso, y buscar alternativas». Pedro Hernando (PRC) censura que en Santander se esté haciendo un negocio «que no quieren otros. Este no debiera ser el puerto de estas armas porque el destino final de ellas es muy dudoso». Y Noelia Cobo (PSOE) comparte con el Gobierno central que se refuercen los controles de las exportaciones para que no se vulneren derechos humanos, si bien señala: «Nos preocupa que desde Santander se exporten armas a la guerra de Yemen. Y confiamos en que el tráfico desde aquí se pueda suspender de forma definitiva en el menor tiempo posible».

Ana Madrazo (PP) considera que España «debe defender su crédito internacional y cumplir con los compromisos adquiridos siempre dentro del marco legal». Asimismo, recuerda que la ley que regula este comercio en este país «es de las más avanzadas del mundo». Para Rubén Gómez (Ciudadanos) esta es una «cuestión nacional. Mientras se cumpla la ley no puede haber objeción. Y si hay serias dudas sobre Derechos Humanos, será Pedro Sánchez el que se lo tenga que replantear».