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Nueva fecha para intentar estabilizar el edificio de la calle Alta que albergó el convento de las Clarisas: el Gobierno del PP quiere agilizar los trámites para licitar las obras de apuntalamiento «a finales de noviembre o primeros de diciembre» al tiempo que ha confirmado ... este jueves que «buscará junto al Ayuntamiento» qué uso se le dará al inmueble una vez se le saque de su estado de ruina actual. Se prevé que el contrato con el que se iniciarán las obras de estabilización tenga una duración de 12 meses, y que estas se ejecuten a lo largo de 2024.
Así se lo ha comunicado la consejera de Presidencia, Interior, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, a la alcaldesa de Santander Gema Igual, durante una reunión que han mantenido. Según han informado al término de la misma, Igual ha aplaudido la decisión del Ejecutivo y ha reiterado la propuesta que ya le había planteado al anterior Ejecutivo (PRC-PSOE) para que el inmueble se destine a uso cultural y como punto de encuentro de los vecinos de El Cabildo.
Urrutia ha repetido que este edificio no puede destinarse a uso judicial «porque no solucionaría ni el actual problema de dispersión de sedes judiciales ni de falta de espacio» para estas, algo que ya se sabía tras un estudio hecho por Justicia.
En cuanto a las obras de rehabilitación, Urrutia ha señalado que el anterior Ejecutivo dejó sin licitar el contrato de dirección, ejecución y seguridad para iniciar unas obras que llevan varios años considerándose urgentes, debido al pésimo estado de la edificación. En los últimos tiempos, estas obras se han sacado tres veces a licitación. En las dos primeras ocasiones, el concurso público quedó desierto y, en la tercera, se llegó hasta la elección de una oferta idónea.
Según ha señalado Urrutia, el último trámite data del pasado 20 de marzo de la mesa de contratación en el que se consideraba que la mejor oferta presentada era la que había presentado la constructora Rotedama por 1,7 millones. «Ahí, en ese momento, se paró el tiempo y el reloj para la ejecución del proyecto», ha lamentado la consejera, quien ha anunciado que ya ha dado orden para que se agilice el papeleo para iniciar la licitación del proyecto, con la idea de adjudicar el contrato para finales de este año.
La consejera también le ha trasladado a Igual la intención del Ejecutivo de mejorar el convenio con el Ayuntamiento de Santander relativo al Parque de Bomberos de Santander, con intención de incrementar la aportación económica del Ejecutivo -que actualmente es de 725.000 euros- sino también las condiciones del acuerdo. De momento no ha adelantado en cuánto crecería la aportación económica ni los cambios a introducir, ya que el convenio actual caduca a finales de 2024.
Tanto en lo que se refiere a este convenio, como a otros, como el de salvamento en las playas, o a la distribución de distintas ayudas entre los municipios, Igual ha reclamado al actual Gobierno que tenga en cuenta la población. El PP municipal ha mantenido siempre que la metodología que aplicaba el anterior Ejecutivo para ese reparto acababa siendo injusto con Santander porque municipios menos poblados se llevaban más fondos (en la comparación habitantes/recursos captados).
Urrutia e Igual, finalmente, han acordado constituir un grupo de trabajo para abordar el problema de los 'sintecho' que viven en la calle en Santander y que declinan usar servicios como el del Centro Princesa Letizia para alojarse. Se explorará la posibilidad de trasladar a esas personas al Hospital Valdecilla para evaluar si tienen algún tipo de trastorno mental y definir la forma de ayudarles, siempre desde la legalidad.
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