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Justo hoy se cumplen nueve meses. Fue el 28 de septiembre. El Ministerio para la Transición Ecológica acordó la suspensión «total e indifinida» de la obra de los espigones de La Magdalena. Estaba a medio hacer y así se quedó. Desde entonces, cartas, declaraciones ... cruzadas, informes, discursos, nuevos pactos de gobierno, propuestas... Pero, sobre el terreno, nada. Las piedras siguen donde se quedaron y, por primera vez en años, no hubo rellenos de arena. Tampoco decisiones. La orden para retirar lo que estaba hecho no ha llegado y tampoco la de terminarlo. Lo que sí se ha manifestado por parte del Ministerio es que la opción de seguir con los rellenos «no es aceptable». En ese contexto, los expertos ya advierten: o se actúa –acabando la obra o con rellenos– o la playa desaparecerá en cinco años. Y, por el medio, el nuevo acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento obliga al PP (que pedía que se terminara la obra) a pedir que se retiren los diques (exigencia de Cs). Por eso, en la bandera municipal figura ahora un «no vamos a renunciar a la playa». Gema Igual ha pedido una reunión en Madrid y una solución que no se dilate más.
Las escolleras son un culebrón que trasciende el verano. Por ponerle una fecha de inicio –porque el debate es incluso anterior–, el Ministerio de Medio Ambiente dio el visto bueno en febrero de 2016 al estudio de impacto ambiental. A los pocos días sacó a licitación la obra. Todo empezó a enredarse. Podemos pidió que se parase el proyecto y en el Ejecutivo no tenían claro que los espigones no tuvieran efectos sobre El Puntal o el Estuario del Miera. Pidieron «informes específicos» y llegaron a presentar recursos ante la Audiencia Nacional. La conclusión, retrasos.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) redactó nuevos informes y el Gobierno acabó por abandonar la vía judicial. Ojo, que ya estamos en julio de 2017 (o sea, casi un año y medio después del visto bueno al impacto medioambiental).
Todo parecía listo para empezar. Pero no. Porque, ante el lío político, la empresa adjudicataria de la obra se echó atrás y al departamento que por entonces dirigía Isabel García Tejerina no le quedó más remedio que tirar de Tragsa (empresa pública). Finalmente, en enero de 2018 colocaron las primeras estacas en Los Peligros.
Para marzo, el gran espigón frente al Balneario ya era más que visible. Afloró el dique y, con él, las protestas, con concentraciones periódicas ante la escollera. El debate se trasladó a la calle –cuando, al verlo, los santanderinos fueron conscientes de lo que, para bien o para mal (ese era el debate), suponía el proyecto– y, de ahí, a los partidos políticos. El Parlamento pidió parar la obra y el Ayuntamiento defendió la necesidad de terminarla. El Ministerio tomó la decisión hace hoy justo nueve meses.
Pero esa ha sido, realmente, la única decisión. Parar. Nadie ha dicho desde entonces cuál es el siguiente paso. El IH ya ha dejado claro que el espigón construido, por sí solo, no sirve para casi nada. La obra tenía efecto en su conjunto. No a medias. Con el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento en posiciones irreconciliables, el Ministerio dijo que debían alcanzar un acuerdo. Imposible. Los expertos advirtieron de que, o se actúa, o La Magdalena desaparecerá en cinco años. Y actuar –han dictaminado– es acabar los espigones o volver a los rellenos. Algo parecido dijo después el Cedex en un nuevo informe. Pero –ya con una carrera electoral lanzada y las urnas a la vista– nadie tomó una decisión definitiva. Se pidieron, de hecho, movimientos de arena para este verano, pero no los hubo ni los habrá ya con la temporada estival empezada.
¿Y qué se va a hacer? Lo último que dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente es que deben buscarse soluciones en el ámbito de la Mesa de la Bahía, un organismo recién constituido y que todavía no ha celebrado su primera reunión oficial. Para la alcaldesa, que ha pedido una reunión, es otra «patada hacia delante».
El caso es que el dique, el que empezaron, ahí sigue nueve meses después de que los obreros se fueran.
23 de febrero de 2016. El Ministerio de Medio Ambiente da luz verde al estudio de impacto medioambiental.
3 de marzo de 2016. El Gobierno central saca a licitación la construcción de los diques.
28 de marzo de 2016. El Ejecutivo regional recurre el plan y pide informes detallados sobre los efectos en El Puntal y el Estuario del Miera. El proceso llegará a la Audiencia Nacional.
25 de noviembre de 2016. Igual y Revilla se dan una tregua de dos meses para buscar una solución.
23 de Febrero de 2017. El Cedex empieza a elaborar el informe que desbloqueará el conflicto y permitirá retomar la obra.
10 de junio de 2017. Se anuncia el desbloqueo de las actuaciones y que las obras empiezan en septiembre.
16 de septiembre de 2017. Se produce un nuevo retraso porque la empresa adjudicataria renuncia a la obra.
12 de diciembre de 2017. El Gobierno encarga la actuación directamente a Tragsa.
24 de enero de 2018.Inicio de la obra.
21 de marzo de 2018. Se crea una plataforma y se suceden las protestas contra la obra.
28 de septiembre de 2018. El Ministerio paraliza la obra.
11 de noviembre de 2018. El Diario publica un estudio del IH que concluye que, sin actuaciones, La Magdalena desaparecerá en cinco años.
7 de febrero de 2019. El Cedex emite un informe en el que dice que las únicas soluciones son los espigones o continuar con los rellenos (algo que «no es sostenible en el tiempo»).
11 de junio de 2019. Medio Ambiente transmite por carta las mismas conclusiones, pero añade que la opción de los rellenos «no es aceptable».
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