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Nuevo varapalo judicial para el Ayuntamiento de Santander en el conflicto que mantiene con la anterior adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, la UTE formada por Urbaser y Construcciones Piñera. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha estimado el recurso de las empresas al ... acuerdo del Ayuntamiento por el que reclamaba a la UTE casi 3,3 millones de euros por daños y perjuicios por los supuestos incumplimientos del contrato en lo que afecta al mantenimiento de la plantilla y renovación y adquisición de vehículos. La sentencia supone un nuevo revés para el Ayuntamiento después de que el pasado septiembre los jueces le condenaran a devolver 2,2 millones de euros –más intereses– a la anterior adjudicataria por las deducciones realizadas en las facturas también por supuestos incumplimientos del contrato.
El fallo del juzgado, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, y que puede ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), pone en duda el informe del Servicio de Intervención Municipal en el que se basaron las decisiones del Ayuntamiento para aprobar esa reclamación de daños y perjuicios.
Los 3,3 millones que el Ayuntamiento reclamaba a la empresa se dividen de la siguiente forma: la obligación de mantenimiento de la plantilla por más de dos millones de euros; la obligación de renovar inicialmente los vehículos de la flota, por 756.359 euros; la obligación de adquirir nuevos vehículos, por 84.463 euros; y la obligación de renovarlos a los cinco años, por 389.259 euros.
El Ayuntamiento, incluso, llegó a aprobar la incautación de la garantía que aportó la UTE al inicio del contrato (344.466 euros) mediante un aval del Banco Pastor.
Los argumentos que expone el juez en la sentencia son contundentes y suponen un duro revés a la gestión que el Ayuntamiento ha hecho de todo el control del servicio de Parques y Jardines. Crítica del juez tanto el cambio de criterio del municipio una vez finalizado el contrato (hay que recordar que la UTE gestionó el servicio cinco años sin contrato tras finalizar la prórroga), como a la falta de supervisión, puesto que en los cuatro años de gestión no hubo advertencia alguna sobre deficiencias en el servicio.
En su fallo, el juez explica que «el único fundamento fáctico» de los incumplimientos en esta resolución es el informe de control financiero. «En toda la instrucción del expediente no se ha realizado ninguna otra comprobación física, salvo una visita a las instalaciones por el interventor». Además, señala que ese informe de control financiero se emite por el interventor municipal, «que durante toda la vigencia del contrato también había dado el visto bueno a las certificaciones y facturas expedidas de cara al pago de las mismas».
Sobre mantener la plantilla, que es uno de los argumentos que llevó al Ayuntamiento a aprobar el acuerdo, el magistrado es tajante y explica que la cláusula establece que no es obligatorio mantener «un número concreto y específico» de 199 trabajadores. Además, aclara que no es el pliego sino la oferta de la empresa la que debe fijar el número de empleados que ofrece.
El juez también se refiere a los incumplimientos relativos a los vehículos y hace referencia al informe del interventor, que realizó una visita a las instalaciones para comprobar los vehículos y su antigüedad. Además, existe un informe de asistencia técnica que se refiere a la maquinaria de la contratista que hace un diagnóstico de la situación en 2021. Este revela que tanto el personal, como los equipos materiales y medios, son «más que suficientes para la prestación del servicio». Respecto a los vehículos, consta que se efectuó una visita a las instalaciones y un análisis aleatorio del material, cuyo resultado fue satisfactorio.
Sobre no incorporar vehículos de más de cinco años, el fallo dice que «dado que el contrato tenía una duración de cuatro años, no tenía ningún sentido exigir la renovación total de la flota en cinco años». En este sentido, aclara que durante el periodo del acuerdo, el Ayuntamiento no observó ningún incumplimiento ni dirigió «ninguna observación, instrucción ni requerimiento a la empresa». Y concluye diciendo que renovar vehículos de cinco años, con independencia de su estado y deterioro, «es un derroche económico».
La oposición no tardó en reaccionar al conocer el fallo de la sentencia. Para el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, esta sentencia ratifica «la nefasta gestión del PP» y, según explicó, costará más de 3,2 millones de euros, «a sumar a los más de siete millones que ya había perdido el PP en litigios por el mismo contrato». Por su parte, Laura Velasco, portavoz de Vox, lamentó que «el rodillo de la mayoría absoluta esté trayendo nefastas consecuencias para los santanderinos, que no se merecen este Gobierno», concluyó.
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